Fíjese usted estimado lector. Vivimos en un país tan convulsionado, que ya ni se nos mueve un pelo cuando ocurren cosas de importancia. La permanente ebullición política en que nos movemos, nos ha quitado hasta cierto punto la capacidad de asombro, y a veces hasta el interés, en los sucesos que día a día llenan nuestra sobrecargada agenda colectiva. A muchos de ustedes les habrá pasado lo que a mí, que ante la saturación, abandono cíclicamente las pantallas de televisión, en pos de algo de sanidad mental que me permita opinar con algo de racionalidad y buen juicio. No quiere decir esto que somos indiferentes, ni mucho menos; simplemente respondemos al instinto de conservación, al mecanismo de defensa interno que nos advierte que permanecer en la histeria del conflicto político hecho noticia, nos disminuye la capacidad de ver las cosas en perspectiva. Es decir, que mucha rama y mucho árbol, impiden ver el bosque.
En la carrera contra el tiempo en que se aprobaron las cinco leyes fundamentales, sobre las que pesaba un plazo perentorio, creo que la mayoría no pudimos seguir el ritmo con la atención necesaria en temas de tanta profundidad y complejidad. Me animo a decir que ni siquiera todos los asambleístas aguantaron la presión, y terminaron levantando la mano en señal de aprobación de textos y artículos que no habían terminado de entender. Pero los plazos eran implacables, así como la decisión política del gobierno de aprobar las leyes a como dé lugar, y después ir acomodando la carga en el camino. Puede parecer irresponsable esa decisión tratándose de asuntos capitales, pero en términos políticos no deja de tener sentido; alargar la discusión y la búsqueda de consensos con la infinidad de partes interesadas y afectadas, no hubiera sido garantía de nada, y hubiera prolongado indefinidamente la atmósfera de inseguridad y precariedad que hemos atravesado.
En todo caso allí ya están las cinco leyes que le dan sustento jurídico al proceso político y constituyente de los últimos años. Se hadado un paso más en éste largo camino con una premura casi temeraria, pero se lo ha hecho, y eso nos permite, sin entrar en detalles leguleyos, sacar algunas cuentas. La primera: nada fue tan extremo ni tan radical como lo pintó la oposición durante tanto tiempo. No se van a comer a nuestras guaguas, no nos van a expropiar nuestro terrenito de trescientos metros, no nos van a privar de nuestras millonarias herencias, ni van a enviarnos al gulag por disentir con el gobierno. Lejos de instaurar el comunismo, el nuevo aparato jurídico parece afianzar y garantizar la vigencia del modelo económico capitalista, con todos los pros y contras que implica para nuestro atesorado “modo de vida”.
También me da la impresión de que, más allá de las naturales trifulcas y pataleos, se ha hecho un esfuerzo razonable por negociar, ceder y consensuar con partidos, regiones, etnias, corporaciones, gremios, sindicatos, y con quién tuvo la oportunidad de meter la cuchara en el asunto. Como es obvio, nadie quedará contento al cien por ciento, pero no faltarán las oportunidades de afinar las demandas en el aterrizaje de las leyes a través de reglamentos y normas específicas.
Tampoco faltarán, como siempre, los desmemoriados que denuncien que esto ha sido un atropello a la democracia, y que el rodillo por acá y que las imposiciones por más allá. A ellos habría que recordarles dos cosas: la primera, que viendo la cosa con frialdad, el gobierno del MAS tiene nomás todo el derecho de plasmar su proyecto en la estructura y en el sistema político y legal. Guste o no guste, la enorme legitimidad del régimen, se ha confirmado una y mil veces por la vía democrática; la segunda: en el pasado inmediato, recientito nomás, gobiernos minoritarios impusieron a la fuerza leyes y decretos de alcance tan profundo como los actuales, contra la voluntad de las mayorías. Hubo rodillos, estados de sitio, imposiciones foráneas, y además robo y saqueo sistemático, y los hoy paladines de la democracia no dijeron ni pio.
Para finalizar estas líneas, toca decirle al gobierno que nada es tan definitivo como parece y que las constituciones, las leyes, los decretos, los reglamentos y las normas, pueden ser tan volátiles como la política misma; no existen candados posibles para asegurar su vigencia y la única garantía de que perduren es que funcionen bien y que por consiguiente la gente se apropies de ellas.
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