Confieso no ser un experto en el tema de reivindicaciones, demandas y conquistas indígenas, pero así, a primera vista, parecería que lo que las organizaciones le demandan al gobierno hoy, es muy parecido a lo que han venido pidiendo en los últimos veinte años. En esencia, las demandas y derechos reclamados son los mismos; muchas de ellas han experimentado avances importantes en los últimos cinco años, y otras tantas todavía sufren el desgastante juego de las promesas, compromisos incumplidos, expectativas, postergación y frustración.
La problemática indígena es sumamente compleja, pues atraviesa temas jurídicos, económicos, territoriales, constitucionales y culturales, con todas las derivaciones que a uno se le pueda ocurrir. La lucha de los diversos pueblos indígenas es además viejísima, y en su heroico y sacrificado proceso, ha tenido que sortear circunstancias de diversa índole. Hoy, el episodio o capítulo de esta lucha tiene que ver con la elaboración en curso de una serie de leyes (régimen electoral, autonomías, etc.) que les atingen directa e indirectamente, y que han originado nuevamente un estado de emergencia en la base organizacional.
Hasta ahí todo normal podríamos decir; la atropellada agenda legislativa es de largo alcance y está tocando intereses de todo tipo, entre ellos los indígenas. Lo que no es nada normal, por decir lo menos, es el tratamiento político que el gobierno le ha prestado al asunto. Claro, cómo va a ser normal escuchar la misma historia que hacen diez años, cuando el gobierno que hoy está al frente está liderado por el primer indígena del país, y cuando ese gobierno y ese partido, se han sustentado justamente en las organizaciones en conflicto.
El manejo político del asunto habrá sido tan malo desde un principio, que no pudo alcanzar, como naturalmente se habría esperado, una negociación seria y un consenso con la debida antelación, que pudiera evitar el inicio de una marcha. Lejos de eso, no se les ocurre mejor cosa a los operadores del gobierno, que repetir el viejo cuento descalificador, y acusar a las instituciones y a sus dirigentes, de estar pagados y responder a intereses externos, en éste caso de USAID. ¿Qué pensaron que iban a conseguir con ésta acusación?
Yo les diré lo que han conseguido, por lo menos en mí. Han conseguido desmoralizarme, y no porque me crea la historia de la infiltración norteamericana; me desalienta y me preocupa esa actitud, porque desnuda una antipática e irracional prepotencia, que creíamos haber desterrado junto con el viejo régimen. Me indispone, porque revela cierto estrabismo en la visión política del gobierno, pero además insinúa propensiones suicidas.
Supongamos sólo por un momento que la temeraria acusación del gobierno no responde al típico y burdo reflejo de descalificación automática, o de manipulación del escenario informativo. Supongamos que tal extremo sea cierto. Esto querría decir varias cosas. La primera, que las organizaciones y movimientos sociales no valen estrictamente nada, o peor aún, valen unos cuantos miles de dólares, provenientes del mejor postor de turno. Estamos reduciendo al movimiento indígena a calidad de borrego, y poniendo en duda la validez y la seriedad de todo el conjunto de demandas por las que se ha luchado históricamente.
También querría decir que los servicios de inteligencia del estado no sirven para nada. Permítanme la inferencia: pero si la embajada de los Estados Unidos ha conseguido penetrar las organizaciones sociales al grado de poder controlar sus acciones, sin que nadie se haya dado cuenta oportunamente, pues habría que pedirle al ministro de gobierno que presente inmediata renuncia, ¿no? Como usted puede ver, el cuento de la conspiración es tan creativo e inteligente como escupir hacia el cielo. Al margen de restarle la ya maltrecha credibilidad al gobierno, ésta actitud ha generado una fuerte reacción no sólo en las organizaciones indígenas, pero también en el núcleo más representativos de las Organizaciones No Gubernamentales de las cuales se ha nutrido el gobierno desde muchos años.
La suma de indicios y señales que se han ido acumulando estos últimos meses, conducen a la evidencia de una acelerada pérdida del instinto y la cintura política del gobierno, cosa que no deja de preocupar. No sé cómo decirlo delicadamente, pero convengamos en que estamos acostumbrados a las chambonadas en el campo económico, pero a cambio, siempre le reconocimos al presidente una aguda percepción política.
Si no se trata de ceguera y mareo causados por la borrachera de poder, habría que preguntarse si esto no responde a un inevitable momento de contradicción entre cierto pragmatismo económico, y el discurso pachamamístico. Quién sabe los intereses y beneficios de construir carreteras que atraviesen territorios indígenas (con todo el daño colateral que aquello implica), o perforar pozos petroleros en medio de las aldeas, esté pesando más en el momento de la verdad, que todo el rollo del vivir bien. Podría ser que detrás de la irracionalidad de estos conflictos, se oculten las agrias razones del realismo político.
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