jueves, 28 de julio de 2011

De la sartén al fuego (Columna Bajo la Sombra del Olivo-Página Siete-28/07/11)

Hasta la semana pasada, mi posición en relación a la elección de autoridades judiciales, era el voto pifiado, pero ahora estoy dudando. La idea de una elección directa en principio nunca me pareció mala, y el hecho de que el marketing electoral de los candidatos estuviese fuertemente limitado, e incluso prohibido, francamente me pareció un experimento interesantísimo que debería de haber servido de antecedente para aplicar el principio a todas las justas electorales. Lo he dicho más de una vez, soy un enemigo declarado de la propaganda electoral, cuando ésta está librada a las “libertades” y fuerzas salvajes del “mercado” electoral. He visto de cerca y con mis propios ojos cómo el dinero puede comprar milagros y torcer la opinión y la voluntad de la gente, generando situaciones forzadas y artificiales que eventualmente pueden perturbar el flujo de la historia.

También estoy de acuerdo, al igual que usted, estimado lector, que la falta de independencia y probidad del sistema de justicia en el país es un mal mayor que nos tiene hartos desde hace mucho tiempo. Pero recordemos, en el pasado, la práctica del cuoteo político de los espacios judiciales fue una constante, salvo en circunstancias excepcionales, y que no fueron toleradas en el tiempo por el poder político. Pensar entonces en una alternativa novedosa que garantizase la legitimidad y la neutralidad de las principales cabezas de la justicia, parecía una iniciativa sana, digna por lo menos de nuestra atención.

Lamentablemente la iniciativa no llegó muy lejos. Una vez más, el gobierno ha preferido malgastar una oportunidad real e importante de cambio, por el apetito de poder hegemónico y la “obligación” de hacerse con todo. Una lástima, pero esa es la opinión de moros y cristianos acerca del proceso de selección de candidatos en la Asamblea Plurinacional. Todo indica que hasta aquí nomás llegó la cosa, y que, en adelante, esto se convertirá en una pulseta política que nada tendrá que ver con el espíritu del proceso.

Vuelvo al principio; el voto en blanco o nulo, parecía en ese contexto la manera más adecuada de asumir posición ante los candidatos y ante el proceso en sí. Pero ahora resulta que la abstención y el voto nulo, van a ser el nuevo caballito de batalla de un montón de gente que intentará sacar tajada política del asunto, forzando la interpretación de los resultados como mejor les convenga. Confieso que se me para los pelos de punta de solo pensar que mi voto podrá ser utilizado por igual por grupos de poder cruceños, por la agónica oposición parlamentaria, por los disidentes del proceso, por Unidad Nacional, por el Movimiento sin Miedo, o por quien sea, para llevar agua a su molino, y para legitimar lo que mejor se les antoje.

No dudo que muchos de los que propugnan el pifeo tengan legítimas inquietudes y preocupaciones acerca de la construcción de institucionalidad y el estado de derecho, pero sí estoy seguro que dentro de ese abstracto abanico, sobran los carroñeros que tratarán de reciclarse usurpando velas en entierro ajeno.

Una vaina: lo que en principio era algo bueno y luego se volvió malo, ahora se ha convertido en algo peor. Sin embargo pecaré de optimista nuevamente planteando que lo único que nos puede librar de éste callejón sin salida es una decisión política del gobierno, que paralice el proceso y que, dando dos pasos atrás, le devuelva credibilidad, estableciendo nuevos plazos y nuevos procedimientos congresales. No vaya a ser que, por no hacerlo, se metan de paso en camisa de once varas.

domingo, 24 de julio de 2011

Hacia la despenalización (Artículo Suplemento Ideas-Página Siete-24/07/11)

Hay cosas a las que se les puede hacer el quite una y otra vez, pero nunca de manera indefinida; tarde o temprano, lo que debe ocurrir como consecuencia de la realidad, termina ocurriendo, nos guste o no. Eso parece estar pasándonos en el caso de la violencia generada por el narcotráfico. Cada uno a su manera y cada cual desde su posición política o su lugar en la sociedad, hemos venido, desde hace bastante tiempo, haciendo llamados de atención acerca de las alarmantes señales que daban cuenta de un crecimiento sostenido del tráfico de drogas y sus múltiples ramificaciones.

Miradas diversas desde lo económico, lo sociológico, lo internacional y lo policial, alertaban de un problema que iba creciendo, lento pero seguro, y que amenazaba con empezar a mostrarnos su peor rostro: la violencia. El narco acarrea consigo una serie de efectos colaterales que vienen en combo, y que no pueden disociarse. Para ponerlo de alguna manera, la carne, en éste caso el dinero que inunda el mercado y nos llega a todos una vez lavadita, viene con grasa y con hueso; otra cosa sería, ciertamente, poder disfrutar de las “bondades y beneficios” indirectos de tan lucrativo negocio, sin tener que vérselas con los horrendos costos asociados a la actividad.

Ahora los bolivianos ya lo sabemos sin que haga falta que nadie nos lo cuente: la ecuación del narcotráfico incluye un factor de violencia que se expresa en ajustes de cuentas, asesinato de autoridades, amedrentamiento a periodistas, cohechos y sobornos, torturas, secuestros y matanzas callejeras entre bandos competidores. De acuerdo, lejos estamos todavía de ser Medellín o Ciudad Juárez, pero los hechos registrados por la prensa los últimos días, nos han anunciado un cambio de categoría que nos enrumba inexorablemente a la liga de los pesos pesados.

Así están las cosas, y ante la cruda realidad tenemos, por un lado la alternativa de tratar de hacer negocio político con el asunto, o por el otro, mirar el problema con otros ojos e intentar una vía de solución radical. Para hacer lo segundo, debemos renunciar a lo primero y olvidar por un momento el expediente fácil de un presidente cocalero que expulsó a la DEA para favorecer a sus compañeros, y que de paso entregó el país a las mafias mundiales de la droga. Dejémosle ese discurso a quienes están más interesados en la tajadita política que en el problema de fondo, y asumiremos nomás que el asunto de las drogas trasciende ampliamente la política e involucra a la sociedad en su conjunto.

No es tan fácilmente explicable el asunto si ponemos en consideración el actual carácter empresarial y altamente sofisticado de las corporaciones dedicadas al narcotráfico; si a ello le sumamos los efectos de desplazamiento territorial que tienen los enfrentamientos entre bandas y la guerra de los estados contra ellas, en países como Colombia, México y Brasil, pues la cosa se pone aún más complicada; podríamos seguir sumando factores de complejidad, como por ejemplo el hecho de encontrarnos en una situación geográfica apta para el abastecimiento de enormes ciudades, como Lima, Santiago y Buenos Aires, cuya demanda de drogas es inmensa. Quiero decir con todo esto simplemente que las razones económicas de la expansión del narcotráfico en nuestro país son harto más complejas que las explicaciones políticas.

Pero de cualquier manera, me pregunto: ¿Cuál es el modelo o el referente a seguir en la lucha contra las drogas? ¿Existe algún país que haya conseguido resolver el problema por la vía de la interdicción? Pues claro que no. La guerra contra las drogas se ha perdido cien veces, hacen cien años y en cien países distintos, por la sencilla razón de que la demanda es masiva y nunca ha disminuido, pues la ingesta de productos que alteren el estado de ánimo, es una pulsión natural del ser humano. Así lo demuestra la historia, la ciencia, las estadísticas, la economía y el comportamiento de cada nueva generación. Combatir el consumo de drogas es ignorar la naturaleza humana, castigando una necesidad que se expresa de miles de formas distintas en cada cultura; las líneas entre lo legal o lo ilegal, son una convención social relativamente reciente, que responde a criterios relativos.

Parece hasta irresponsable pensar que desde el Tercer Mundo, tendremos alguna chance de ganar una guerra que estados del primer mundo, con altísimos niveles de institucionalidad, recursos económicos y fuerza pública, han perdido una y otra vez, pues se enfrentan a una industria siempre próspera, que además no tributa ni un centavo.

Los únicos satisfechos con los resultados obtenidos, parecen ser los conservadores puritanos del primer mundo y los estamentos políticos urbe et orbi, que, de manera unas veces grosera y otras muy elegantes, convierten a las actividades ilegales en la caja negra de la política. No me explico de otra manera la absurda insistencia en un camino que jamás ha demostrado frutos positivos y solo ha generado violencia y corrupción.

En éstas épocas en que en todas partes se revisa y se pone en cuestión paradigmas hasta ahora sagrados, opino, sin ambigüedades de por medio, que nuestro estado, y todos los estados que se precien de ser serios, deberían abrir el debate sobre la legalización controlada y progresiva del consumo de drogas, y asumir las primeras acciones de manera conjunta y coordinada. Nosotros llevamos la delantera, pues con la salida de la DEA y las protestas ante convenciones internacionales por el tema de la coca, teóricamente ya estaríamos pagando consecuencias por adelantado.

jueves, 21 de julio de 2011

Jugando con fuego (Columna Bajo la Sombra del Olivo-Página Siete-21/07/11)

He visto algunas sonrisas llenas de malicia y satisfacción en los rostros de algunos que quieren justificarse, tarde y medio a la fuerza; en el Facebook también comienzan a aparecer algunos astutos comentarios tendenciosos, que pretenden llevar agua su molino. Hablo de la sentencia del Tribunal Agrario sobre Mallasilla que ha afectado a más de dos mil propietarios en la zona, poniéndolos en un limbo de proporciones alucinantes. Resulta que, para algunos avivados, éste fallo es finalmente la prueba que demuestra las intenciones del gobierno del MAS, de quitarnos nuestras casas, en nombre del socialismo comunitario.

El razonamiento, un tanto prematuro y forzado, pretende inducir que, no estaban equivocados, quienes desde el año 2005, pregonaban a los cuatro vientos que la llegada de Evo Morales a la presidencia, iba a significar automáticamente el despojo y la expropiación de nuestros terrenos, nuestras casas, nuestros autos, cuando no de nuestros propios hijos.

Bastante facilón resulta éste intento de pescar en rio revuelto, tomando en cuenta los complejos antecedentes del caso y, sobre todo, el efecto del fallo, que no beneficia a los comunarios demandantes. Si bien el conocimiento del caso por parte del Tribunal Agrario es relativamente reciente (2006), los pleitos judiciales alrededor de los terrenos en conflicto, tienen casi sesenta años de antigüedad, y tienen origen en la promulgación de la Reforma Agraria de la revolución del 52.

De acuerdo a las informaciones vertidas en éste mismo medio, la historia judicial del caso es larga y embrollada, e involucra a diversos actores, cada cual defendiendo derechos e intereses de todo tipo. Sin ir más lejos, la gran mayoría de los ex comunarios que reclaman la recuperación de las tierras para uso agrícola, son en los hechos loteadores profesionales que en el fondo no tienen la menor intención de hacerse de los terrenos para plantar habitas o papitas, sino más bien para venderlas al mejor postor.

La maraña de demandas, interpretaciones, enmiendas, complementaciones y supuestas competencias legales, antes que una conspiración política orientada a perjudicar a la burguesía paceña, dan motivos para pensar en una vulgar pugna de intereses privados, en la que han corrido presiones e “influencias” que podrían haber forzado figuras legales a grados alarmantes. Un caso más de la cuestionada idoneidad de nuestro sistema judicial, pero que ésta vez fue demasiado lejos.

En todo caso la gravedad de las consecuencias que este engendro judicial ya ha empezado a provocar en miles de ciudadanos inocentes, demanda una reacción contundente e inequívoca de las autoridades. La Alcaldía de La Paz ya ha tomado una clara posición en defensa de la propiedad privada de los vecinos, y lo mismo debería ocurrir con el poder ejecutivo, justamente para desvirtuar cualquier tipo de especulación de orden político. Hasta el momento, solamente se ha manifestado el Ministerio de la Presidencia, con unas declaraciones un tanto tibias, considerando la gravedad de los alcances del fallo.

Aun si todos sabemos que la ejecución de tan descabellada sentencia será en los hechos imposible, se debe actuar con celeridad para evitar que un antecedente tan funesto, sirva para iniciar acciones similares en otros barrios y en otras ciudades, utilizando argumentos similares.

jueves, 14 de julio de 2011

Cambalache versión 2.0 (Columna Bajo la Sombra del Olivo-Página Siete-14/07/11)

El anunciado cierre de la Galería Nota en la Zona Sur, ha despertado la alarma y el pesar de quienes aún se espantan de la actitud de nuestra sociedad ante el arte y la cultura. Una pena, pero parece que los asiduos asistentes a las inauguraciones de exposiciones, estaban más interesados en el get together con los amigotes, que en el aprecio y la adquisición de obras de arte. Los ámbitos de interés del tradicional público objetivo de estos espacios (bastante restringido, por cierto), parecen haber cambiado también; la gente que antes compraba arte con genuino interés o por lo menos con la intención de aparentar, por lo que se ve, prefieren gastar su plata en el cuarto televisor de pantalla plana, o en la interminable carrera por tener un auto “del año”.

Lejos de ser un hecho aislado, esta mala noticia es un síntoma más de una sociedad en pleno proceso de transformación, en el que los ejes referentes de la cultura representan lo complejo de las nuevas realidades. Es obvio que el modelo de cultura burgués de los años setentas y ochentas ya no es lo que era; los paradigmas de la cultura han cambiado, y las nuevas burguesía o nuevas élites se expresan mejor en la cultura del Gran Poder, en la que se entremezclan elementos populares, religiosos y folklóricos, frente a las concepciones clásicas y formales que hemos conocido. Tal como ocurre en otros ámbitos, los unos transitan el camino del declive (cuando no decadencia), y los otros gozan de renovados bríos y nuevos mecenazgos, poco ortodoxos, es cierto, pero más que prósperos y muy generosos con su cultura.

La verdad es que motivos para el espanto sobran cuando hablamos del nivel cultural de nuestra bien amada burguesía sureña; ricachones, ex ricachones, jailones y clases medias, todos hacen gala de una ignorancia que asusta. Como nunca antes, hoy se siente la absoluta estandarización de los hábitos y patrones de consumo cultural, en la mediocridad reinante a nivel global. Cultura, en éste modelo urbano posmoderno, seguramente debe ser ir a los nuevos cines a ver las cuatro películas comerciales que se exhiben en múltiples versiones, o asistir a un fiesta de música electrónica o a un concierto de cumbia. No quiero desmerecer ninguna de estas cosas, sino simplemente señalar el peligro de que lo normal sea consumir eso, y nada más.

Y no creo exagerar cuando digo que se hace gala de la ignorancia y la incultura. En otra épocas (¡carajo, parezco uno de esos viejitos!), hablar de plata todo el día y hacer ostentación de ella, era de mal gusto; se respetaba genuinamente a los intelectuales y artistas, y era muy bien visto que invitaras a tu casa al amigo pintor o escritor, era hasta algo chic. Ahora nadie se arruga al proclamar en público que su único interés es el trabajo y los negocios, y que todo lo demás es una cojudez o una pérdida tiempo.

En éste siglo XXI Cambalache versión 2.0, los idiotas que dedicamos nuestro tiempo, o parte de él a actividades intelectuales o artísticas, no necesariamente remuneradas (por ponerlo de una manera elegante), provocamos una mezcla de lástima y desprecio, debido a nuestra suicida actitud de loosers: “Pobrecito, tan inteligente y tan desubicado…” Qué duda cabe, las actitudes hacia la cultura y hacia la plata eran distintas, y si bien los valores siempre estuvieron trastocados, por lo menos antes, la ignorancia debía disimularse en público, y leer era el requisito para que se nos pasase lo bruto.

domingo, 10 de julio de 2011

Distracciones de un debate urgente (Artículo Suplemento Ideas-Página Siete-10/07/11)

Los firmantes del “Manifiesto por la reconducción del proceso de cambio” arrancaron su cruzada política patinando en el lugar de la partida y medio enfangados en el barro. Lo que debió haber sido una iniciativa para un debate profundo sobre el proceso político en curso, se inició con una absurda polémica que no hace otra cosa que distraer las razones y objetivos buscados; prueba de ello es que me encuentro sentado escribiendo acerca de la polémica, y no así de la reconducción del proceso de cambio.

Consciente de que usted no pierde su tiempo siguiendo éste tipo de nimiedades, intentaré ponerlo en antecedentes, haciéndole corto un rollo en el que se ha malgastado tinta, espacio, tiempo y energía durante días. Las cartas que vienen y van, dan cuenta de una agria disputa entre el flamante colectivo y éste periódico, a raíz de una nota periodística en éste suplemento, en la que se reúnen las posiciones de un grupo de disidentes intelectuales de izquierda (los autores del manifiesto) y otro colectivo de derecha, con la idea de reflejar a los intelectuales, poniendo al gobierno contra la pared.

Por lo que se entiende de las sendas misivas y sus respectivas respuestas publicadas a lo largo de la semana, al parecer los entrevistados de izquierda habían advertido con antelación al periódico que no querían ser mezclados con el colectivo de derecha, argumentando que ello podía llevar a los lectores a confundirlos; parece también que el periódico asumió que la manera de presentar los contenidos de la nota era razonable, y a partir de allí se armó la de San Quintín.

Por supuesto que hay diversas versiones sobre lo que se dijo, y lo que no se dijo, y lo que se cumplió y lo que se dejó de cumplir, cosa que a mí, la verdad me tiene sin cuidado. Me limitaré a señalar, que se comete un error al subestimar a los lectores. Los lectores sabemos diferenciar perfectamente la paja del trigo, y obviamente sabemos que las motivaciones, posiciones, contextos y agendas de los unos, no son las mismas que las de los otros. Asumir que no somos capaces de comprender las evidentes divergencias entre los dos grupos es, de alguna manera, menospreciar la capacidad crítica de la gente, sobre todo considerando que en la nota, a mi sano entender, en ningún momento se insinúa que ambos grupos se parecen en algo, salvo en su cuestionamiento al gobierno.

Tampoco parece muy consistente descalificar al grupo de derecha como oponentes en un diálogo, arguyendo que éste no sería el debate que los lectores del periódico nos merecemos, más aún, si uno de los pilares del manifiesto es la necesidad de generar debate “con la capacidad de hacer concurrir distintas visiones y propuestas”. Más allá de las credenciales y la autoridad política y moral de los actores, iniciar un llamado al debate haciendo una cuestión de estado sobre la improcedencia de mezclar el agua y el aceite en la misma página de un periódico, es un exceso de susceptibilidad. Entrar a ese terreno puede ser peligrosamente relativo, pues con el mismo razonamiento se podría condenar la actitud de uno de los miembros del grupo de izquierda, que publica sus artículos en el portal web del otro bando.

De acuerdo, hay gente con la que no dan muchas ganas de debatir, por una u otra razón, y peor, hay también gente que reúne todas esas razones, pero ese motivo no alcanza para cernir a los participantes del debate. Se queja por ejemplo uno de los aludidos, preguntándose cómo sería posible establecer dialogo con un señorcito que cree que son unos hipócritas; digo, un alto dirigente del MAS los ha acusado, de entrada, de ser unos resentidos y el mismo presidente los ha tachado de ex llunkus: ¿quiere decir esto que también excluirán al gobierno del debate?

Como verá, llevar las cosas por ese camino no lleva a ninguna parte. La magnitud del que debería ser el problema en discusión, es demasiado grande como para detenerse en disputas, un tanto gratuitas. En las actuales circunstancias, medio año después del gasolinazo, los grupos de desencantados dispuestos a enfrentarse al gobierno son una multitud (otro hubiese sido el cuento si el manifiesto salía a la luz hace prácticamente un año, cuando se tomó la decisión política), pero es innegable que el grupo representado por Prada, Almaraz, Vega, Guzmán y Quispe, son un referente de enorme valor por diversas razones: porque han sido actores de primera línea en el gobierno, porque han sido importantes ideólogos del proceso, y porque son ampliamente reconocidos en su transparencia e integridad.

De ellos no esperamos menos que elementos de juicio serios, que nos permitan buscar respuestas a las dudas e interrogantes que plantea el extravío ideológico del gobierno. En el debate que ellos plantean deberíamos participar todos, interpelando al gobierno acerca del modelo de desarrollo, la visión de estado, la construcción de una alternativa económica, la calidad de la democracia y los objetivos y resultados de gestión, entre otros temas capitales. También sería bueno que la discusión nos diera luces sobre lo que se está discutiendo a nivel de las organizaciones sociales, pero inclusive si el debate se limita a la páginas del periódico, lo saludable son respuestas como las de Pablo Estefanoni, que no se hizo esperar, y comentó el manifiesto a las 48 horas de su publicación.

Ese es el debate que esperamos. El resto es repetir viejos hábitos que ocasionaros siempre la frustración de los proyectos de izquierda.

jueves, 7 de julio de 2011

De accesos, excesos y occisos (Columna Bajo la Sombra del Olivo-Página Siete-07/07/11)

Si usted es usuario de internet, esto le puede interesar. Le cuento. Hace un par de meses contraté el servicio de ADSL de la empresa AXS; realicé una solicitud escrita y firmé un contrato que establecía una velocidad de 768 kb/s, por un precio mensual de cuatrocientos cuarenta y cinco bolivianos.

Antes de seguir con mi triste historia, le menciono, como dato referencial, que con esa misma plata, o sus equivalentes sesenta y cinco dólares o cuarenta y cuatro euros, en cualquier lugar obtendría 50 megabytes de velocidad, es decir 66,6 veces la velocidad que contraté acá en La Paz (no se espante, los diabólicos tres seises son pura coincidencia). Pero eso no es todo, por ese mismo precio, además me darían el servicio de telefonía fija nacional ilimitada, ciento cincuenta canales de televisión por cable, y dos módems USB 3G. Y aun así, me tendrían que devolver unos mangos cada mes.

Sigo. Cuando la gente de AXS vino a mi casa a instalar mi humilde conexión de 768 kb/s, me sorprendieron con una grata noticia: me había hecho acreedor a una promoción de la compañía, que al momento de la instalación me aumentaba la velocidad en un 33%, a un mega byte de velocidad. ¡Yupi! Si bien estaba pagando una pequeña fortuna por una velocidad de caracol, por lo menos mi esfuerzo estaba siendo reconocido y recompensado.

Al cabo de un mes, me percaté mientras navegaba, que las páginas cargaban otra vez a ritmo de caracol, y llamé a AXS para averiguar qué había ocurrido con la velocidad de mi conexión. Muy amablemente, me contestaron que la promoción que me habían aplicado al momento de la conexión, solamente duraba un mes, que mi velocidad había vuelto a lo que establecía el contrato (768kb/s), y que si quería recuperar la velocidad de la promoción, debía subir de plan y pagar más.

¿Qué les parece la trampita? Una promoción inconsulta y mañuda, cuyo objetivo es, a todas vistas, acostumbrarlo a uno a una velocidad decente para después decirte que te la devuelven, pero solo si pagas más. ¿Soy yo el loco, o esto es una práctica comercial deleznable, comparable solamente con lo que hacen lo vendedores de drogas regalando merca a los niños en las puertas de los colegios para enviciarlos, y después convertirlos en “clientes” habituales?

¿Y ahora, quién podrá defenderme? Pues nadie, si, como me comunicaron los de AXS, sus promociones están avaladas por la ATT, la misma institución que permite cortes en el servicio cada dos por tres, o bajadas significativas de velocidad en horas de alto tráfico, sin ningún tipo de compensación a los usuarios, como ocurre en otros mercados. Para empezar habría que ver si el ente regulador aplica las multas de rigor cuando cortan el servicio, cosa que dudo mucho dada la frecuencia con que esto ocurre.

Más allá de mi pequeño drama personal, esta situación de desprotección e impotencia frente a ciertos abusos, se puede extender a un montón de grandes empresas; el banco, la línea aérea o la telefónica que, en nuestro medio, y también en el primer mundo, han perdido todo respeto por el ciudadano/cliente/consumidor, y aprovechan su eterna posición de todopoderosos, y su reciente condición de impunidad derivada, sospecho, de la crisis financiera mundial, y del terror que los estados tienen frente a la posible quiebra o reducción de personal de las grandes empresas.

Los usuarios hemos sido librados a la ley de la selva, y nos han arrebatado incluso el último de nuestros derechos: el derecho al pataleo.