Hacia la despenalización (Artículo Suplemento Ideas-Página Siete-24/07/11)

Hay cosas a las que se les puede hacer el quite una y otra vez, pero nunca de manera indefinida; tarde o temprano, lo que debe ocurrir como consecuencia de la realidad, termina ocurriendo, nos guste o no. Eso parece estar pasándonos en el caso de la violencia generada por el narcotráfico. Cada uno a su manera y cada cual desde su posición política o su lugar en la sociedad, hemos venido, desde hace bastante tiempo, haciendo llamados de atención acerca de las alarmantes señales que daban cuenta de un crecimiento sostenido del tráfico de drogas y sus múltiples ramificaciones.

Miradas diversas desde lo económico, lo sociológico, lo internacional y lo policial, alertaban de un problema que iba creciendo, lento pero seguro, y que amenazaba con empezar a mostrarnos su peor rostro: la violencia. El narco acarrea consigo una serie de efectos colaterales que vienen en combo, y que no pueden disociarse. Para ponerlo de alguna manera, la carne, en éste caso el dinero que inunda el mercado y nos llega a todos una vez lavadita, viene con grasa y con hueso; otra cosa sería, ciertamente, poder disfrutar de las “bondades y beneficios” indirectos de tan lucrativo negocio, sin tener que vérselas con los horrendos costos asociados a la actividad.

Ahora los bolivianos ya lo sabemos sin que haga falta que nadie nos lo cuente: la ecuación del narcotráfico incluye un factor de violencia que se expresa en ajustes de cuentas, asesinato de autoridades, amedrentamiento a periodistas, cohechos y sobornos, torturas, secuestros y matanzas callejeras entre bandos competidores. De acuerdo, lejos estamos todavía de ser Medellín o Ciudad Juárez, pero los hechos registrados por la prensa los últimos días, nos han anunciado un cambio de categoría que nos enrumba inexorablemente a la liga de los pesos pesados.

Así están las cosas, y ante la cruda realidad tenemos, por un lado la alternativa de tratar de hacer negocio político con el asunto, o por el otro, mirar el problema con otros ojos e intentar una vía de solución radical. Para hacer lo segundo, debemos renunciar a lo primero y olvidar por un momento el expediente fácil de un presidente cocalero que expulsó a la DEA para favorecer a sus compañeros, y que de paso entregó el país a las mafias mundiales de la droga. Dejémosle ese discurso a quienes están más interesados en la tajadita política que en el problema de fondo, y asumiremos nomás que el asunto de las drogas trasciende ampliamente la política e involucra a la sociedad en su conjunto.

No es tan fácilmente explicable el asunto si ponemos en consideración el actual carácter empresarial y altamente sofisticado de las corporaciones dedicadas al narcotráfico; si a ello le sumamos los efectos de desplazamiento territorial que tienen los enfrentamientos entre bandas y la guerra de los estados contra ellas, en países como Colombia, México y Brasil, pues la cosa se pone aún más complicada; podríamos seguir sumando factores de complejidad, como por ejemplo el hecho de encontrarnos en una situación geográfica apta para el abastecimiento de enormes ciudades, como Lima, Santiago y Buenos Aires, cuya demanda de drogas es inmensa. Quiero decir con todo esto simplemente que las razones económicas de la expansión del narcotráfico en nuestro país son harto más complejas que las explicaciones políticas.

Pero de cualquier manera, me pregunto: ¿Cuál es el modelo o el referente a seguir en la lucha contra las drogas? ¿Existe algún país que haya conseguido resolver el problema por la vía de la interdicción? Pues claro que no. La guerra contra las drogas se ha perdido cien veces, hacen cien años y en cien países distintos, por la sencilla razón de que la demanda es masiva y nunca ha disminuido, pues la ingesta de productos que alteren el estado de ánimo, es una pulsión natural del ser humano. Así lo demuestra la historia, la ciencia, las estadísticas, la economía y el comportamiento de cada nueva generación. Combatir el consumo de drogas es ignorar la naturaleza humana, castigando una necesidad que se expresa de miles de formas distintas en cada cultura; las líneas entre lo legal o lo ilegal, son una convención social relativamente reciente, que responde a criterios relativos.

Parece hasta irresponsable pensar que desde el Tercer Mundo, tendremos alguna chance de ganar una guerra que estados del primer mundo, con altísimos niveles de institucionalidad, recursos económicos y fuerza pública, han perdido una y otra vez, pues se enfrentan a una industria siempre próspera, que además no tributa ni un centavo.

Los únicos satisfechos con los resultados obtenidos, parecen ser los conservadores puritanos del primer mundo y los estamentos políticos urbe et orbi, que, de manera unas veces grosera y otras muy elegantes, convierten a las actividades ilegales en la caja negra de la política. No me explico de otra manera la absurda insistencia en un camino que jamás ha demostrado frutos positivos y solo ha generado violencia y corrupción.

En éstas épocas en que en todas partes se revisa y se pone en cuestión paradigmas hasta ahora sagrados, opino, sin ambigüedades de por medio, que nuestro estado, y todos los estados que se precien de ser serios, deberían abrir el debate sobre la legalización controlada y progresiva del consumo de drogas, y asumir las primeras acciones de manera conjunta y coordinada. Nosotros llevamos la delantera, pues con la salida de la DEA y las protestas ante convenciones internacionales por el tema de la coca, teóricamente ya estaríamos pagando consecuencias por adelantado.