He visto algunas sonrisas llenas de malicia y satisfacción en los rostros de algunos que quieren justificarse, tarde y medio a la fuerza; en el Facebook también comienzan a aparecer algunos astutos comentarios tendenciosos, que pretenden llevar agua su molino. Hablo de la sentencia del Tribunal Agrario sobre Mallasilla que ha afectado a más de dos mil propietarios en la zona, poniéndolos en un limbo de proporciones alucinantes. Resulta que, para algunos avivados, éste fallo es finalmente la prueba que demuestra las intenciones del gobierno del MAS, de quitarnos nuestras casas, en nombre del socialismo comunitario.
El razonamiento, un tanto prematuro y forzado, pretende inducir que, no estaban equivocados, quienes desde el año 2005, pregonaban a los cuatro vientos que la llegada de Evo Morales a la presidencia, iba a significar automáticamente el despojo y la expropiación de nuestros terrenos, nuestras casas, nuestros autos, cuando no de nuestros propios hijos.
Bastante facilón resulta éste intento de pescar en rio revuelto, tomando en cuenta los complejos antecedentes del caso y, sobre todo, el efecto del fallo, que no beneficia a los comunarios demandantes. Si bien el conocimiento del caso por parte del Tribunal Agrario es relativamente reciente (2006), los pleitos judiciales alrededor de los terrenos en conflicto, tienen casi sesenta años de antigüedad, y tienen origen en la promulgación de la Reforma Agraria de la revolución del 52.
De acuerdo a las informaciones vertidas en éste mismo medio, la historia judicial del caso es larga y embrollada, e involucra a diversos actores, cada cual defendiendo derechos e intereses de todo tipo. Sin ir más lejos, la gran mayoría de los ex comunarios que reclaman la recuperación de las tierras para uso agrícola, son en los hechos loteadores profesionales que en el fondo no tienen la menor intención de hacerse de los terrenos para plantar habitas o papitas, sino más bien para venderlas al mejor postor.
La maraña de demandas, interpretaciones, enmiendas, complementaciones y supuestas competencias legales, antes que una conspiración política orientada a perjudicar a la burguesía paceña, dan motivos para pensar en una vulgar pugna de intereses privados, en la que han corrido presiones e “influencias” que podrían haber forzado figuras legales a grados alarmantes. Un caso más de la cuestionada idoneidad de nuestro sistema judicial, pero que ésta vez fue demasiado lejos.
En todo caso la gravedad de las consecuencias que este engendro judicial ya ha empezado a provocar en miles de ciudadanos inocentes, demanda una reacción contundente e inequívoca de las autoridades. La Alcaldía de La Paz ya ha tomado una clara posición en defensa de la propiedad privada de los vecinos, y lo mismo debería ocurrir con el poder ejecutivo, justamente para desvirtuar cualquier tipo de especulación de orden político. Hasta el momento, solamente se ha manifestado el Ministerio de la Presidencia, con unas declaraciones un tanto tibias, considerando la gravedad de los alcances del fallo.
Aun si todos sabemos que la ejecución de tan descabellada sentencia será en los hechos imposible, se debe actuar con celeridad para evitar que un antecedente tan funesto, sirva para iniciar acciones similares en otros barrios y en otras ciudades, utilizando argumentos similares.
El señor Fortún aprovechando su condición de columnista del prestigioso diario Página Siete, vierte opiniones personales muy alejadas de la verdad calificando de loteadores a los comunarios sin haber fundamentado para nada sus opiniones.
ResponderEliminarPor eso es justo pagarle con la misma moneda y calificarlo de corrupto por su apellido y deduciendo que debe tener algún oscuro interés en los predios mencionados.
El Ciudadano