A veces da la impresión de que el gobierno es rehén, o peor aún, medio esclavo de los simbolismos. De acuerdo, lo simbólico es importante, y cuando se lo utiliza con criterios, ideológicos e históricos adecuados, no solamente que da frutos y réditos, sino que se convierte de por sí en acción política. El gobierno del MAS ha dado sobradas muestras de que lo simbólico es parte esencial de su lectura y su propuesta de país, cosa absolutamente comprensible y respetable, hasta que lo simbólico resulta siendo más importante que lo que se quiere representar. Digo esto a raíz de los forzados anuncios de nacionalizaciones realizados cada 1 de mayo. Que se busque fechas interesantes para acrecentar la carga simbólica de hechos de por sí importantes, puede ser comprensible alguna vez, pero llegar al absurdo de someter plazos técnicos, jurídicos e inclusive políticos, pera realizar anuncios en determinado día, es difícil de entender. Me recuerda esto a la horrorosa manía instalada hace años en lo que hace al paquete ejecutivo y legislativo de “regalos” en cada efeméride departamental.
Sin embargo, esto no deja de ser lo anecdótico frente al fondo y al alcance de la nacionalización, igual que la toma física por parte de efectivos militares, que sigue escandalizando a los analistas (como prueba de que los simbolismos sí funcionan). También me parece ocioso perderse en el insulso debate acerca de los nombres o de la pertinencia o no, de llamar a lo que está ocurriendo, nacionalizaciones. Nacionalización, recuperación, expropiación, estatización, pueden llamarlo como quieran, pero en el fondo la medida significa le recuperación del control, por parte del estado, de las empresas de servicios básicos y de importancia estratégica para la economía del país. Dependiendo de cada caso, esto implica la forzosa adquisición de un porcentaje de acciones, que a su vez implica un pago a la empresa afectada, pues de lo contrario estaríamos hablando de una confiscación, cosa que, hasta donde yo sé, nunca fue planteada. Jamás he escuchado que se haya puesto en duda la Nacionalización de Minas durante la Revolución del 52; sin embargo, para consolidar la medida, se tuvo que pagar billete sobre billete a los barones del estaño.
Otro capítulo de este debate periférico, se refiere al cuanto, al cuando, al cómo y al porqué de los pagos a las empresas. En esto, como en muchas otras cosas, los opinólogos, técnicos, especialistas en la materia, y defensores de oficio de las corporaciones, llevan agua a su molino insistiendo en la idea de que las controversias derivadas de la falta de acuerdos, se deben exclusivamente a una mala estrategia de negociación del gobierno, y que además, a causa de ello, se hubieran desaprovechado grandes oportunidades de pagar precios más bajos por el valor de las acciones.
Quisiera creer que eso es verdad, pero mucho me temo que las verdaderas causas radican en otro lado. A las compañías extranjeras no les interesa llegar a un acuerdo previo por tres simples razones: la primera y la principal es que saben, por experiencia, que tiene todas las de ganar en un arbitraje, por que el árbitro es bombero. Los tribunales internacionales fallan sistemáticamente, y sin ponerse colorados, a favor de los grandes capitales, por lo que el juego está ganado de antemano. La segunda es que tampoco les molesta quedarse un rato más en el país mientras se resuelve la disputa, pues las condiciones en las que operan les han sido absurdamente favorables. No olvidemos que éstas tienen el cuero de un cocodrilo y no se amilanan ni con guerras al momento de ganar plata, menos con supuestos climas de inseguridad jurídica. Por último, el tamaño de sus inversiones en Bolivia es minúsculo; para ellos, lo que está en juego son migajas y por tanto un acuerdo previo no les quita el sueño, sabiendo, repito, que al final llevan las de ganar. Para el estado boliviano, negociar en esas condiciones es prácticamente imposible, pues con tiburones de ese calibre, el “por las buenas” no existe.
En todo caso, fechas, símbolos, nombres y procedimientos de liquidación, son lo accesorio, mientras que lo central es el giro ideológico que se ha dado en lo que concierne al rol del estado en la economía y el desarrollo. Lo demás son menudencias, que pasarán rápidamente al olvido en la perspectiva histórica. El debate de fondo, que parece quererse obviar deliberadamente, debe centrarse en el enorme cambio que significa el control de las empresas generadoras de servicios básicos y de recursos energéticos. El recuperar estas empresas tiene un efecto formidable en las posibilidades y en la fortaleza del estado (en todos sus niveles) para afrontar deficiencias estructurales que ninguna empresa privada estaría dispuesta a hacer.
Pero además de las significativas mejoras en los ingresos del estado, en una magnitud que permite pensar en cambiar realmente el país, esta medida supone una visión completamente distinta a los, hasta hace poco intocables credos del liberalismo, que fueron impuestos de manera dogmática, a punta de chantajes y presiones, urbi et orbi. La falacia hecha política global, de que, por definición, la empresa pública es corrupta e ineficiente y que la privada es automáticamente transparente e ineficiente, ha sido refutada por una realidad completamente distinta, que podemos nos salta a la vista como usuarios y consumidores, en infinidad de ejemplos.
Si queremos ser serios con el tema de las nacionalizaciones, el debate que debemos recuperar es ése. Una vez superadas las supuestas verdades absolutas y definitivas del liberalismo, y a la luz de la crisis que atraviesa el capitalismo en el primer mundo, debemos discutir a fondo el papel del estado en la economía, y la verdadera naturaleza de las corporaciones transnacionales. También habrá que discutir la pertinencia de seguir atados, vía tratados bilaterales, a árbitros internacionales vendidos.
Perderse en la discusión del monto de las compensaciones significa ignorar el alcance y el impacto verdadero de las nacionalizaciones.
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