Cada coletazo del culebrón
del TIPNIS nos confirma la envergadura de sus alcances, pero sobre todo, la
poca transparencia con que el gobierno ha manejado este tema desde el inicio.
Cada nuevo capítulo de esta lamentable telenovela no hace otra cosa que
ratificar que la construcción de la carretera se ha constituido en una
acumulación de desaciertos de todo tipo, que, lejos de resolverse o esclarecerse,
se enturbia progresivamente.
Tantos errores se han
cometido en la concepción del proyecto y en la administración de los conflictos
que éste generó, que hoy, todas las acciones y explicaciones que el gobierno se
afana en dar, agrandan el manto de duda y sospecha sobre su legalidad y su legitimidad.
La última decisión de anular
el contrato de construcción con OAS, ha querido ser presentada por el gobierno
como una heroica iniciativa orientada a defender los intereses del estado
castigando una serie de incumplimientos de parte de la empresa. Seguramente han
debido haber muchas infracciones a un contrato que además fue calificado desde
hace tiempo por varias instituciones y expertos como irregular, pero el
verdadero trasfondo jurídico para la resolución del contrato, al parecer tiene
que ver con el impedimento legal surgido a raíz de la ley corta promulgada el
año pasado; los financiadores de la obra habrían señalado que no pueden
continuar un proyecto que, a partir de
la declaratoria de intangibilidad del TIPNIS, es sencillamente ilegal.
Otra vez el gobierno intenta
entonces vendernos gato por liebre, forzando figuras a su antojo político. La
consecuencia jurídica de la derrota sufrida a partir de la VIII marcha
indígena, se la quiere presentar como un acto de fiscalización y un gesto anti
corrupción que, a juicio del vicepresidente, debería además determinar la
automática suspensión de la IX marcha, prevista para las próximas semanas.
Otra vez el cálculo político
como rasgo esencial y característico de todas las decisiones desde el vértigo
del poder; sin tomarse la molestia siquiera de decirnos por qué no se dio las
explicaciones pertinentes oportunamente acerca de los obstáculos derivados de
la ley corta, la única pulsión del gobierno es tratar de aprovechar las circunstancias
para desarticular un escenario de concentración de tensiones y conflictos, a
partir de la adhesión de sectores urbanos a la causa de los marchistas.
Con estas astutas movidas,
el gobierno cree estar ganado tiempo para terminar de debilitar a las
organizaciones indígenas que todavía no han sucumbido a la presión y a la grosera
e indiscriminada repartija de prebendas, que recuerdan a los espejitos con que
los conquistadores solían marear a los indígenas originarios.
Al margen de las incongruencias,
las contradicciones, el abandono de principios y, en suma, el daño estructural
que la obstinación por la carretera le ha ocasionado al gobierno y al
presidente, el proyecto sigue vigente y ha sido ratificado como una necesidad
estratégica, cueste lo que cueste. La recisión del contrato pretende ordenar en
algo el desbarajuste, legitimar la consulta previa, que obviamente no era
previa y que ahora, con este pase de magia lo sería, y retomar el proyecto
asumiendo un retraso que tendrá que ser explicado como un inconveniente
inevitable a los diversos interesados en el camino (léase IIRSA, gobiernos
regionales, cocaleros, madereros, colonizadores, empresas petroleras, etc.).
Por esa razón, lo más
probable es que la marcha no va a detenerse, y seguirá siendo para el gobierno
el riesgo y la amenaza de que a su llegada a La Paz, por muy debilitada que
estuviera, coincida en términos de tiempo con la explosión de otros conflictos
sectoriales irresueltos hasta el momento. El gobierno lo sabe y trabaja a
contra reloj en distintos frentes, en los que ya no puede cooptar a las
dirigencias debido a la fuerte presión de las bases.
Así navega el gobierno: a
tropezones, contra la corriente, en medio de sordas disputas internas, y con la
necesidad recurrente de tener que acudir al uso de fuegos artificiales para distraer
a la platea. El inconveniente es que a estas alturas ya nadie le cree; el
discurso ha perdido sus efectos y ya no opera como elemento movilizador ni
siquiera en las filas de sus aliados circunstanciales, lo que le obliga a
medidas de hecho cada vez más audaces y riesgosas.
Habrá que ver en los
próximos días con qué otra cosa nos sorprenden frente a las movilizaciones de
médicos, maestros, fabriles, universitario, juntas vecinales y otros sectores
que no aflojan su asedio a una presa en apuros. ¿Tendrán que recurrir acaso a
métodos y prácticas que en el pasado ellos mismos concebían como inadmisibles?
¿Tendrán que apelar el auxilio de aliados insospechados? ¿Tendrán que violarse
nuevamente para explicar lo inexplicable?
Qué difícil resulta intentar
comprender la conducta de un gobierno que en los dos últimos años se ha
desfigurado a un grado en que resulta irreconocible para propios y extraños.
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