Por fin la escena pública se llena con dos temas importantes y apasionantes: El racismo y los medios de comunicación. Luego de semanas de semanas en que no hacíamos otra cosa que ocuparnos de las miserias de la política chiquita, vuelven al ruedo dos asuntos que prometen sacar roncha en todos los actores involucrados, y también en los que no lo parecen, pero si están.
Primera constatación en este ardiente debate en curso: lo que en principio fueron dos iniciativas distintas, por un lado la necesidad de una nueva ley que regule a medios y periodistas, y por otro una ley contra el racismo, se han juntado y se han revuelto, al grado de no saberse ya de que estamos hablando. Habrá que ver si esta ensalada se debe únicamente a las obvias ares de intersección entre ambos temas, o más bien a una astuta estrategia que busca supeditar un tema al otro, al punto de sacarlo de la agenda. Tengo la impresión de que el famoso artículo del proyecto de ley contra la discriminación, que amenaza con sanciones a los medios que permitan o alienten el racismo, ha copado toda la atención y la discusión, distrayendo el fondo del tema, y de paso haciendo desaparecer la necesidad de regular los medios a través de una nueva ley. El debate se está convirtiendo en un griterío de denuncias contra la libertad de expresión, y nada más.
No nos pasemos de vivos entonces, y separemos bien las peras de las manzanas. Ambas leyes son necesarias por razones distintas, complementarias en algún sentido, y no excluyentes. El hecho de que la ley anti discriminatoria involucre también a los medios, no quiere decir que no exista necesidad de un nuevo instrumento normativo para la comunicación. Ya lo sé, el tema es medio tabú, y el solo de mencionarlo lo pone a uno bajo sospecha; hablar del asunto es suficiente para levantar susceptibilidades de mordazas y demás amenazas a la libertad de expresión; y manifestarse a favor de sanciones contra los excesos de la prensa, es casi un delito de lesa información.
No estaría mal ponerle de una vez el cascabel al gato, y afrontar la necesidad de una nueva legislación con algo más de honestidad (profesional e intelectual) y valentía. Por un lado está bastante claro que los instrumentos vigentes en la actualidad resultan insuficientes (por la escaza evolución que han experimentado debido a su no aplicación), y que las actuales instancias como el Concejo Nacional de Ética Periodística y el Tribunal Nacional de Ética Periodística, no terminan de representar a a todas las partes involucradas.
El comportamiento y la evolución (¿o involución?) de los medios en el pasado inmediato, confirman la urgencia de un nuevo marco que garantice la plena libertad de expresión, pero que también establezca límites y sanciones reales contra quienes hacen uso de la libertad con fines políticos y financieros encubiertos. Hay que decirlo sin complejos y con todas sus letras: existen medios de comunicación en éste país, que han actuado y que actúan suplantando el rol de los partidos políticos, violando sistemáticamente todos los principios de ética periodística, en defensa de sus intereses particulares. Estos medios y estos periodistas, estas empresas y estas personas, se escudan detrás de las garantías que les otorga la libertad de expresión, no para hacer periodismo, sino para hacer política y de la forma más vil.
No hay comentarios:
Publicar un comentario