Ya todos los columnistas y opinadores hemos procedido con los pataleos de rigor, condenando a los cuatro vientos la judicialización de la política de parte del gobierno, expresada en quinientos mil juicios y acusaciones orientados a deshacerse de cualquier oposición o disidencia interna. También ya me he quejado amargamente de que uno de los costos más onerosos que el país tendrá que pagar por esta decisión política, será que, como se está metiendo a moros y cristianos en la misma bolsa, va a ser imposible reconocer a inocentes de culpables, y en consecuencia los pillos más detestables pasarán por víctimas de una sañuda persecución política.
Después del desahogo vano del pataleo, creo que corresponde hacerse la pregunta de las razones que han podido llevar al gobierno a tomar un camino tan jodido. Y habrá que comenzar por preguntarse, ¿Se trata de una movida táctica o de una etapa estratégica del proceso?
En la primera hipótesis, la de una necesidad táctica en respuesta a una coyuntura difícil, podríamos suponer que los despelotes internos del gobierno son tan grandes, que la única solución para aplacar a sus huestes, sería revivir a los enemigos externos. No es nada descabellado pensar en algo así; el apetito insaciable de pegas y de espacios de poder ha demostrado ser con creces, el adversario más formidable del régimen. Al lado de los pobladores de Caranavi, de los indígenas de tierras bajas, de los cívicos potosinos o de los campesinos de La Paz, pues el gobierno prefiere mil veces tener en frente a los ineptos líderes de la derecha neoliberal y tradicional, aunque para ello sea necesario sacarlos de sus tumbas. En ésta lógica (si vale para ello el término), la activación de múltiples focos de tensión externa, reactivaría el modo de alerta de los movimientos sociales, actualmente en una pausa dedicada exclusivamente a la exigencia de recompensas. Esta teoría, que podría denominarse de exhumación, determina que hay que revivir o azuzar al enemigo, para que los amigos dejen de hinchar.
La otra hipótesis es más siniestra, pero no por ello menos probable. En este caso ya no estaríamos asumiendo la instrumentalización de la justicia como un mecanismo para resolver un problema de coyuntura, sino como un episodio ineludible en cualquier proceso revolucionario: el del terror político. Esto es algo muy distinto porque es frio y premeditado; estaríamos hablando del concepto de concretar explícitamente una estrategia de poder a largo plazo, eliminando del mapa a cualquier adversario que pudiera representar, aunque sea remotamente, algún riesgo a futuro. Esa es la teoría de la huasca, que dice que te ha costado horrores llegar hasta donde has llegado, que necesitas y mereces veinte años para hacer lo que tienes que hacer, y que para quedarte le vas a sacar la cresta a quien se te ponga delante.
En ambos casos, está claro que al gobierno le tiene sin cuidado asumir el modo del autoritarismo y la prepotencia. Para mí, eso representa una desilusión, pues, hasta ahora, estaba convencido de que lo avanzado se había realizado en democracia plena. Pero la opinión, o el cambio de opinión de este pelagato de la clase media, no tienen peso ni valor cuando se actúa confiando en que las bases populares aprueban entusiastamente la huasca a los malandrines, aunque en el camino caigan inocentes.
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