Quienes tengan unos mangos de sobra debajo el colchón, deberían pensar en darse una escapadita a la Huyustus o a la Eloy Salmón y comprar, quien sabe por última vez, algún adminículo electrónico a precio ridículamente barato. Ojo: los que se apunten a ésta liquidación de invierno, deben saber que en los últimos días los precios ya han subido ante la inminente aplicación de las modificaciones a la Ley General de Aduanas y al Código Tributario.
El primer toque de alarma no lo dio el sindicato de contrabandistas, agremiados en la curiosa Confederación Nacional de Trabajadores por Cuenta Propia, que saben que todavía tienen mucho para negociar con el gobierno en la redacción del reglamento correspondiente; los que primero abrieron el paraguas fueron los propietarios de los edificios de esa gigantesca zona franca, que conocen perfectamente la cantidad de millones de dólares que se almacenan en sus depósitos y tiendas, y que no están dispuestos a correr el riesgo de sufrir el embargo de sus inmuebles, acusados de complicidad con el contrabando. Al parecer más de quinientos de estos propietarios han decidido curarse en salud, cursando notificaciones de desalojo a sus supuestos inquilinos.
El miedo de los propietarios y la romería de “comerciantes minoristas” a la oficina de impuestos para tramitar su traspaso del Régimen Simplificado (regalito del entonces gobierno mirista) al Régimen General, pinta como la primera victoria de la medida, aun antes de su implementación. Parece que la cosa ésta vez viene en serio.
Harta preocupación debe tener el gobierno acerca del futuro de nuestra economía, para haberse animado a poner el dedo en la llaga del contrabando y la evasión impositiva, y enfrentarse inevitablemente a sectores ultra poderosos, y con una gran capacidad de movilización. Pero si el bolsillo aprieta, hay que salir a buscar platita, y el lugar evidente es sin duda el multimillonario mercado informal.
Lo que para nosotros es ya natural, para el visitante extranjero es un escaparate surrealista, en el que los precios de los productos son inclusive más baratos que en los países en que se los fabrica. Cuesta explicarles que esto se debe a que nadie paga un centavo de aranceles de importación, ni medio centavo de impuesto local, y que además el comerciante se conforma con un margen de utilidad mínimo, muchísimo menor al que acostumbran los grandes almacenes del primer mundo. El negocio está en el monstruoso volumen que mueven.
Si la reforma funciona sin causar una guerra civil, los únicos perjudicados serán a la postre algunos contrabandistas y comerciantes, a los que sin embargo, no les alcanzará la vida para gastar todo lo que han ganado las últimas décadas, y los que podemos darnos el lujo de comprar regularmente productos caros, que a partir de ahora costarán seguramente un veinte o treinta por ciento más.
Los beneficiados serán la inmensa mayoría que, teóricamente, podrán acceder a mejores servicios de educación, salud e infraestructura, gracias a los nuevos e ingentes tributos que el estado podrá finalmente recaudar. Celebro que haya llegado el momento de tomar el toro por las astas, y hacer algo al respecto; o legalizar el contrabando o asumir el costo de combatirlo en serio, pero no vivir en el espejismo de la legalidad.
La pelea está comenzando, y habrá que ver con qué nos sorprenden los afectados. Hasta el momento la mejor de todas has sido su propuesta de una amnistía de cinco años ”para terminar de vender sus stocks”: una joyita de antología.
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