El padre de todos los conflictos comienza nuevamente a dibujarse en un escenario sucio y complejo, que plantea más dudas que certezas. Las fuerzas en pugna alrededor del TIPNIS esta semana han comenzado a lanzar sus cartas sobre la mesa, tanteando el timing político de una batalla estratégica en la que los actores saben bien que se juegan el todo por el todo. La dirigencia indígena anuncia la fecha de inicio de la IX marcha el 20 de abril, y el gobierno define inmediatamente después el arranque de su consulta para el 15 de mayo.
Ninguna de estas decisiones es gratuita y nada se ha dejado al azar o a la improvisación en la preparación de este nuevo round en el que podría definirse el curso del suceso político más importante de los últimos años; en esa medida, propios y extraños están atentos y pendientes de las movidas en el tablero, evaluando la manera en que se alinearán en el juego, a medida en que se vayan desarrollando las cosas.
La primera constatación de relevancia que no se puede pasar por alto en el análisis es la evidente recuperación de la iniciativa política de parte del gobierno; ya no estamos hablando del mismo gobierno acorralado y reactivo del año pasado. En los dos últimos meses el nuevo equipo político del ejecutivo ha operado intensa y agresivamente, no solamente en la región del conflicto, sino en todos los frentes posibles; la penetración económica acompañada incluso con efectivos militares y la gestión política con actores directos e indirectos ha tenido hasta el momento el efecto de desinflar en alguna medida el fondo político del asunto, complejizando la trama de actores y demandas.
Las dádivas, las presiones, las concesiones, los chantajes y amedrentamientos parecen haber sembrado las dudas esperadas y han precipitado quien sabe algunas decisiones, colocando al gobierno un paso adelante. No se explica de otra manera la contradicción entre la decisión asumida anteriormente por la CIDOB, en sentido de no permitir el ingreso de los encargados de la consulta a sus territorios, con el anuncio de la marcha. ¿Cómo harán para oponer dicha resistencia si están marchando en las carreteras? Podría ser entonces que esta decisión tenga como objetivo que la consulta se realice en ausencia de los interesados, lo que evidentemente le restaría toda legitimidad y validez.
Si la ofensiva del gobierno ha comenzado a minar el terreno indígena, y no queda otra que precipitar la marcha, habrá que preguntarse entonces cuales pueden ser las expectativas reales. ¿Será que en la coyuntura actual se pueden redituar las mismas adhesiones y el mismo impacto de la marcha del año pasado? Me temo que hoy, eso es poco probable, considerando además que en las fechas previstas, como todos los primero de mayo, el gobierno habrá planificado aplacar tensiones sectoriales con aumentos salariales y regalos varios.
Una marcha simultánea a la consulta, por muy extemporánea y amañada que ésta sea, podría complicarle el panorama a la dirigencia indígena, más aún cuando también se ven venir otras contramarchas a favor de la consulta y la carretera. Y si la marcha apuesta por una nueva intervención violenta que desataría otra reacción a grandes escalas, pues creo que estarían pecando de ingenuidad. El ministro Quintana ha demostrado en los sucesos que estallaron en la masacre del Porvenir, que tiene la sangre fría para administrar con gran pericia situaciones de alta tensión. En otras palabras, está bien difícil que el gobierno vuelva a meter la pata.
En todo caso, todavía queda tiempo para los errores, o para que los mirones oportunistas terminen de embarrar el escenario. Al buen entendedor, salud.
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