El crimen sí paga (Columna Bajo la Sombra del Olivo-Página Siete-08/03/12(

Cuando los delincuentes roban y matan a la gente pobre a nadie se le mueve un pelo en este país. Aquello ocurre todos los santos días, pero eso solamente es motivo de noticias en el Telepolicial y en los periódicos sensacionalistas, es decir en ámbitos ordinarios y de muy mal gusto para nuestra delicada sensibilidad.

Tuvieron que ser asesinados dos periodistas en El Alto para que el tema de la delincuencia se agende nuevamente como un tema de máxima prioridad, máxima preocupación y máximo espanto en la opinión pública. Y es que así son las cosas; tiene que morir alguien acomodado, rico o influyente para que salten los fusibles de un circuito podrido, que amenaza en cualquier momento con incendiarnos a todos.

Como también ocurre de manera recurrente, se desataron a raíz del hecho, una serie de intentos de linchamiento, enfrentamientos con la policía y movilizaciones en demanda de la aplicación de la pena de muerte, protagonizados por aquella gente que no puede darse el lujo de convertir sus barrios en urbanizaciones cerradas, o contratar guardias de seguridad privados en sus casas, o instalar modernos sistemas electrónicos de seguridad para prevenir y resguardarse del azote cada vez más avezado de las hordas de ladrones y asesinos.

Y como siempre, tampoco tardaron en aparecer las voces pontificales y moralinas encargadas de tildar a esas reacciones de furia e impotencia, de primitivas e incivilizadas; cosas de salvajes para quien no se han tomado la molestia de ponerse por un momento en los zapatos de millones de ciudadanos que, además de tener que lidiar día a día con la pobreza, deben sostener una guerra sin tregua contra los maleantes, la policía, la justicia y el abandono estatal.

Digamos las cosas sin matices: nuestro sistema ha fallado estrepitosamente en un combate ganado hace ya mucho tiempo por quienes han optado por vivir al margen de la ley. El crimen, en todas sus formas, le ha doblado el brazo a la sociedad, sencillamente porque es una actividad rentable y relativamente impune; paga bien, y con riesgos mínimos.

Cometer un delito en este sistema permisivo en el que todo vale si se trata de tener más, es a todas luces un buen negocio. Hay que tener solo un poco de cuidado y, si las cosas salen mal, arreglárselas con los socios (en este caso la policía); si las cosas salen un poquito peor, todo tiene arreglo en los estrados judiciales, y, en el peor de los casos, el destino puede ser una cárcel en la que con plata se vive mejor que afuera, y desde la que se puede seguir delinquiendo a todo pulmón.

El tamaño del problema es descomunal y de seguro no se va a solucionar con gestos políticos, ni con una cuantas vagonetas para “fortalecer la labor de una institución aquejada por la falta de equipamiento”. Estamos frente a una situación insostenible que requiere de una seria decisión de estado, que permita una reforma radical de la policía, del sistema judicial y del régimen penitenciario.

Y mucho me temo que la refundación de la policía desde sus cimientos, la reestructuración integral de las fiscalías, la reforma del código penal, el endurecimiento de las penas, la construcción de cárceles de verdad y el desarrollo de políticas sociales de prevención, necesita de una voluntad política y de una cantidad de millones que éste, ni ningún otro gobierno estará dispuesto a enfrentar, considerando además los intereses que se deberían tocar para que funcione con éxito.

El único consuelo que algo de esperanza da, es el antecedente de otros países o ciudades que han logrado revertir peores situaciones.