Esta semana el gobierno ha comenzado a cosechar los primeros frutos de su cumbre social. La primera victoria ha sido la suerte de legitimación que, queriendo o sin querer, un montón de personalidades de oposición le han dado a la cita, proponiendo enfoques y temas que deberían de tratarse allí. Las sugerencias y aportes conceptuales a la agenda de la cumbre provenientes de analistas y actores que ni siquiera han sido invitados, ya está convirtiendo a la cumbre en un espacio válido, que podría ser el referente de la agenda política del próximo año. Gran negocio para el gobierno, que así recupera la iniciativa política perdida con los fiascos del gasolinazo y el TIPNIS: La reunión de alas partidarias de MAS, de amigotes y socios, adquiere tintes de dialogo y encuentro nacional.
Este es el riesgo de comenzar a tragarse ingenuamente la necesidad, la pertinencia, la modalidad, y la calidad y el alcance de la convocatoria de este evento, sin detenerse a pensar otra vez en el “para qué” de la tal cumbre. Si nos atenemos al discurso oficial, la cumbre responde a la necesidad de plantear una nueva agenda para el proceso de cambio, en la medida en que la Agenda de Octubre se habría ya cumplido; el libreto dice también que esta nueva agenda debiera ser la base de un programa de desarrollo económico, elaborado por los movimientos sociales.
¿Lindo, no? Así pintadas las cosas, cualquiera se apunta. Sin embargo, a estas alturas el gobierno ya nos ha enseñado de sobra que, pensando mal, siempre acertaremos. Y en este caso pensar mal es atender más bien a la realidad económica y política que ha puesto al gobierno en el brete de tener que convocar a sus huestes para legitimar su reposicionamiento. En esa óptica, la cumbre es una reacción política a la derrota sufrida en el primer episodio del TIPNIS; esa derrota puso en evidencia no solamente diversas rupturas con la sociedad, si no fuertes debilidades políticas internas. La paliza recibida fue de una magnitud que obliga al ajuste de las tensiones internas, al cierre de filas con las organizaciones sociales adictas al régimen y a la conformación de un nuevo bloque duro de poder, reforzado por nuevos actores.
¿Por qué otro tipo de razones se ha tenido que forzar esta reunión de acólitos? Aquí viene lo más grave: para darle un baño popular a algunas medidas económicas, más o menos preanunciadas, que el gobierno tendría que tomar para resolver sus urgencias fiscales. Entre ellas, ha aflorado nuevamente el “sí pero no” de la subida del precio de los combustibles. Pero muchos se preguntarán porqué la aparente urgencia de medidas fiscales y gasolinazos, si teóricamente las cosas van viento en popa y el gobierno no pierde ocasión para auto elogiar su manejo macroeconómico y el auge que habría producido la nacionalización.
Aún más extrañas resultan estas necesidades a la luz de un estudio realizado por la Plataforma Energética, en el que se revela que el impacto real del subsidio a los carburantes no podría superar los 222 millones de dólares para el año 2010, es decir menos de la mitad de los astronómicos montos señalados por el presidente cuando se refiere a los daños que esto le ocasiona al estado. Menudo detalle, al parecer se olvidaron en el cálculo oficial, considerar los valores que retornan al fisco por concepto de la venta de los combustibles y el cobro de impuestos.
Esta investigación, entre otras cosas, confirma que se intentó utilizar el gasolinazo para justificar un aumento muy por encima de lo necesario, con el fin de aumentar los ingresos del estado y sostener las frágiles finanzas de un estado que debe responder al aumento del gasto fiscal corriente, al crecimiento de la burocracia y al mantenimiento de políticas de tinte populista para el sustento del gobierno.
Detrás de esta escenificación teatral de los movimientos sociales demandando y avalando medidas de ajuste fiscal, se encuentra en realidad el drama de un gobierno que en los hechos ha contribuido a profundizar el patrón primario exportador y el carácter rentista del estado, y hoy comienza a ser víctima de sus propias contradicciones. En el caso del sector de los hidrocarburos, los resultados de la nacionalización son también preocupantes; pese al elevado nivel de precios internacionales, la producción de petróleo ha disminuido, la de gas se ha estancado y las reservas son en realidad un tercio de lo que se pensaba. Ante estas y otras contingencias, poco o nada puede hacer el estado a través de la raquítica e inoperante YPFB, que debe ajustarse nomás a los intereses y las ganas de las empresas extranjeras, que siguen controlando el sector.
El telón de fondo de este espectáculo es como se puede advertir, bastante más complejo que la discusión sectorial de temas específicos. El debate en cuestión tiene que ver en realidad con la necesidad de concebir (¡con casi seis años de retraso!), una política económica que responda a un modelo de desarrollo acorde con el discurso y con los postulados originales del Proceso Constituyente. Coincidirá usted conmigo en que no es esto lo que se va a tratar en la cumbre, ¿no es cierto?
No hay comentarios:
Publicar un comentario