La salud del Pacto de Unidad está hoy en serias dudas y es parte central de la discusión política en el país. La ruptura definitiva o las posibilidades de continuidad a través de una profunda revisión todavía son motivo de debate y dividen tanto a disidentes como a oficialistas. No es para menos. La afluencia y la capacidad de generar propuestas y proyectos políticos de las organizaciones sociales, constituyen el nervio central de un proceso que, desde sus bases, hoy afronta disyuntivas y desafíos cruciales.
La agenda mediática coyuntural previa a la realización de la Cumbre Social prevista para diciembre, da cuenta en estos días de un ir y venir de voces acerca de la integridad del Pacto. El presidente Morales ha intentado desactivar, o por lo menos minimizar la discusión, felicitándose por la cantidad de organizaciones asistentes al último encuentro nacional ordinario, y desmintiendo su debilitamiento.
Desde las miradas más escépticas, se alerta de un evidente resquebrajamiento, indicando que el Pacto a estas alturas solamente agrupa a la Confederación de las Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, y que el alejamiento de facto de la Cidob y el Conamaq, entre otros, le han restado legitimidad, hiriéndolo de muerte.
La disputa alrededor del grado de unidad me parece bastante ociosa en la medida en que no se discuta antes la calidad de las organizaciones involucradas. Podrá ser útil entonces en esa perspectiva detenerse un momento en el repaso de algunas resoluciones del último encuentro del Pacto en Sucre.
No pueden pasar inadvertidas las resoluciones que exigen el inmediato inicio de acciones judiciales en contra de activistas de derechos humanos por difamación y calumnia en relación a la denuncia de muertes en la intervención a la marcha del TIPNIS. En la misma tónica, se demanda el procesamiento de los medios de comunicación que supuestamente habrían mentido deliberadamente en la cobertura de los actos de represión. En la colección de demandas de juicios, sigue una lista de dirigentes no funcionales y disidentes, entre los cuales figuran Alejandro Almaráz, Rafael Quispe y Lino Villca. Y para que no quede lugar a dudas sobre el carácter del documento, se pide expulsar a todos los traidores del proceso y defender al presidente en todos los escenarios en los que haya sido acusado.
Si ese es el espíritu con el que el Pacto de Unidad concibe su fortalecimiento, pues entonces estamos ante la evidencia de que el debate debe trasladarse a la verificación de la autonomía política de las organizaciones y a una profunda revisión de la naturaleza de las instancias de movilización y participación social.
El panorama sobre el que toca reflexionar, y muy en serio, es el de un sistema de representación en el que los partidos (el MAS incluido) no han podido superar la crisis que dio fin con la estructura tradicional, las organizaciones sociales fundamentales han sido cooptadas por el gobierno al punto de convertirlas en alas partidarias del MAS, y la sociedad en movimiento sigue dando muestras de desborde institucional, como se pudo evidenciar con el gasolinazo y la marcha del TIPNIS.
La discusión a retomarse desde todos los espacios debería trascender los acomodos tácticos, las adhesiones y las sumas y restas en la conformación de bloques de poder, y enfrentarse sin remilgos a una realidad que nos confirma la persistencia de la crisis de estado, que no permite avanzar en la ruta crítica del proceso constituyente.
Si bien la convicción y el talante de una ciudadanía dispuesta a hacer política desde las calles se siguen renovando y dando muestra de vitalidad en sus continuas pulsetas contra el poder, el riesgo de caer en el juego aritmético de fuerzas que plantea el régimen, amenaza con adormecernos y distraernos de lo esencial.
No nos engañemos otra vez por la estrategia envolvente.
ResponderEliminarLa cumbre social de diciembre es otro un pincelazo maestro de la finta maniquea.
Al convocar a sectores sociales escogidos se pretende aparentar que renace un nuevo pacto de unidad de organizaciones sociales. Al aparentar darles la prerrogativa de asentar nuevos objetivos, se pretende mostrar que estos movimientos sociales "dirigen" la nación. Pero ya el temario está precocinado.
Cómo llegar a creer que de pronto las organizaciones sociales conducirán al país, si en seis años han sido utilizadas y digitadas?
Ahora bien, la segunda parte de la estrategia envolvente es que una vez que la nueva "agenda" se plantee, esta será respetada tal y como ha sido respetada la constitución, los acuerdos con sectores, departamentos, leyes cortas etc. Es decir,pasarán a ser nomás letra muerta en el papel.
El tercer nivel de envolvencia es hacer creer que se cumple.Como se ha cumplido la industrialización del gas, la nacionalización de HC, juicio a Sanchez de Lozada, etc.
Sería bueno seguir la denuncia de S.E. y que los medios no se hagan partícipes de medias verdades y le den cobertura publicitaria a ese acto de magia preanunciado.