A finales del año pasado todavía se podía tener la esperanza de redención del gobierno de Evo Morales. El gasolinazo y sus explosivas reacciones sociales, las significativas disidencias internas, la verificada ausencia de resultados de gestión, el fracaso de las elecciones judiciales y la derrota del TIPNIS a manos de la sociedad civil, hacían pensar que un año desastroso, sumado a todos los desaciertos acumulados desde el inicio del segundo mandato, podían provocar una rectificación real y un cambio de rumbo, ya sea por reflexión autocrítica o bien por la fuerza de las circunstancias.
El mismo gobierno contribuyó a la generación de expectativas en esa dirección, con la publicitada cumbre social, el dialogo nacional, el acercamiento a los partidos políticos de oposición, y con una serie de rumores y trascendidos que apuntaban a un gabinete concebido para un golpe de timón.
Hoy, a la luz de los hechos y las actitudes, no solamente podemos decir que no hubo tal toma de conciencia, sino que el gobierno ha abdicado definitivamente a los postulados del proceso constituyente, para embarcarse irremediablemente en el camino del conservadurismo hegemónico.
La cumbre social no tuvo la necesaria legitimidad debido a la ausencia indígena y de otros importantes sectores sociales, lo que la desahució desde su inicio, al grado que sus resultados, lejos de marcar la agenda nacional, ni siquiera son conocidos por la mayoría de la población. Tal como se temía, fue nomás una reunión apresurada de adeptos y cooptados en un ejercicio de cierre de filas ante la crisis política.
El dialogo nacional, todavía en curso, no ha encarado la reparación de los quiebres y rupturas con importantes organizaciones sociales que, si bien no destacan ni en número ni en capacidad de confrontación, son altamente significativas por la calidad y la consistencia de sus demandas. El supuesto diálogo tampoco ha alcanzado a la disidencia conformada por un grueso de la intelectualidad que le dio sustento al proceso, con los cuales se ha preferido entrar al terreno de la diatriba y la descalificación pública a través de rabiosas publicaciones que, a la postre, rehúyen el debate de fondo. Un espectáculo verdaderamente lamentable. En lo que sí parece haber un esfuerzo denodado, es en el acercamiento a sectores económicos, tradicionales y emergentes, a partir de la ya manifiesta intención de consolidar un nuevo bloque de poder político-económico.
La cereza en esta torta mediática fue sin lugar a dudas la inverosímil reunión con los partidos políticos de oposición, un macabro acto de exhumación de cadáveres políticos, utilizado como magnánima señal de generosidad democrática.
El flamante gabinete también da fe de la negativa a la rectificación y del enrumbamiento (el rumbo definitivo al son de la rumba) hacia el pragmatismo desarrollista. La reincorporación de Juan Ramón Quintana acaparó toda la atención mediática, soslayando una ratificación altamente significativa: la del ministro Arce, artífice y articulador de la política económica del gobierno. En grandes líneas, el gabinete no expresa ninguna intención de reorientación programática, y, por el contrario, sugiere el intento de regreso a un esquema de administración política más eficiente, que evidentemente dio buenos resultados en la primera gestión, pero que tendrá que probarse en escenarios y circunstancias diferentes. Los reciclajes, ratificaciones y enroques, dan cuenta también de la dramática escases de figuras y del ensimismamiento del núcleo de poder.
Pero es el tratamiento del conflicto del TIPNIS-CONISUR el que deja ver claramente el talante gubernamental en la encrucijada a partir de la cual muchos esperaban un cambio, por lo menos de actitud. La peor crisis política del gobierno, que destruyó lo poco que quedaba en términos de coherencia ideológica y que derivó en una estrepitosa derrota política, no fue debidamente comprendida y sigue siendo desestimada en un afán de revanchismo primario e irresponsable, en el que sigue primando el cálculo político, nuevamente errado y mezquino.
Este conjunto de señales y actitudes pintan de cuerpo entero lo que plantea el ejecutivo en la recta final del segundo mandato; una maquinaria aceitada de poder, presta a utilizar políticamente los dineros del país en una prematura campaña electoral con vistas a una nueva reelección. Un proyecto de poder hegemónico implacable que invierte el noventa por ciento de sus energías en la acumulación y reproducción del poder por el poder, y que no vacilará en seguir arrasando con los pocos adversarios que le quedan. Un refrito de conocidas recetas económicas y viejas prácticas políticas que ya poco o nada tienen que ver con el espíritu de las reivindicaciones y anhelos que la sociedad boliviana puso en sus manos.
Así las cosas, el proyecto de poder ha detenido el proceso constituyente, confirmando de esta manera que el gobierno de Evo Morales ha terminado, por voluntad propia, con la oportunidad y posibilidad histórica que tuvo de realizar el cambio que le fue encomendado.
La rectificación queda ahora en manos de la sociedad organizada.
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