Tiene que haber alguna razón realmente muy poderosa que justifique, desde el punto de vista del poder, enfrentarse con gil y mil para construir la carretera que atraviesa el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). No estamos hablando aquí de una peleíta con unos cuan tos ambientalistas melenudos o con la triste oposición; el asunto ha tomado ya un vuelo político de magnitudes, y una de las tantas dudas está en saber si éste es el resultado de un nuevo mal cálculo político del gobierno, o si hay, detrás de todo, intereses y compromisos demasiado poderosos, que justifiquen cualquier tipo de sacrificio.
Discúlpenme, pero yo soy de los que no creen en caprichos o en posiciones principistas a la hora de la decisiones políticas peliagudas. Me resisto a creer que solamente la vocación desarrollista e integracionista del presidente y su gobierno, lleguen a tanto como para emprender una cruzada en la que además, saltan a la vista los problemas y contradicciones ambientales, culturales, económicos e ideológicos.
Debe de haber nomás algo tan serio como la muerte debajo del tablero, que pesa más que las voluntades y las razones, y que de a poquito está conduciendo al gobierno a lo que podría convertirse en un callejón sin salida.
Las hipótesis que circulan son bastante terribles y se diferencian sólo por ser unas más graves que las otras. Desde la existencia de gas y petróleo, pasando por las presiones brasileras, los compromisos políticos del presidente con los cocaleros, hasta las denuncias de corrupción realizadas por colegios de profesionales y entidades cívicas cochabambinas. ¿Una de éstas razones, o varias, o todas juntas (siempre una posibilidad), podrían justificar los altos costos que se prevén de ésta batalla, a librarse en espacios de alta sensibilidad e intensa exposición internacional? Al parecer, así es.
Si el presidente tuviera razón al denunciar que se trata de acción política articulada por las ONG´s y USAID, la cosa es aún más seria, pues estaríamos constatando por un lado que el gobierno ha roto definitivamente sus vínculos con la CIDOB, la CONAMAQ, la Asamblea del Pueblo Guaraní y otras importantes organizaciones que otrora fueran consideradas como fundamentales en términos de apoyo político, considerando su valor simbólico y su peso histórico. Peor aún, querría decir que al ya no ser funcionales al poder, se las puede deslegitimar y subestimar, acusándolas de ser borregos de otros intereses.
Por otro lado querría decir también que las poderosas ONG´s, de dónde salieron gran cantidad de jerarcas del gobierno y ministros de estado, hoy siguen recibiendo financiamiento externo, pero ésta vez, para apoyar a los disidentes en su “conspiración” contra el régimen. O también querría decir que los servicios de inteligencia y los aparatos de seguridad son tan, pero tan malos, que todos juntos no pueden contra la cuasi expulsada USAID.
El presidente ha denunciado y anunciado también que se trata de una acción política y que no negociará directamente con los marchistas; sin embargo, al día siguiente tuvo que sentarse a negociar en persona con El Alto. Insisto, el asunto está tomando un vuelo político que podría poner en evidencia y desencadenar rupturas muy serias y de muy largo alcance (obviando en ésta análisis por supuesto, a los colados, aprovechados, conversos y demagogos).
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