El debate instalado en torno a la lección de postulantes al Órgano Judicial, no solamente es saludable, si no absolutamente necesario. El tema no solo compete a los candidatos, a los legisladores, ni a los periodistas o dueños de medios; se trata de un asunto que nos afecta a todos, y más aún a los convencidos de que el estado de derecho y la democracia misma, no son patrimonio de nadie en particular, y que la única manera de garantizar su sostenibilidad es reinventándola, las veces que sea necesario.
De lo que salga de ésta discusión, en la que se entre cruzan distintas visiones e intereses diversos, podría depender de alguna manera la calidad de nuestra democracia en el futuro (esa calidad aparentemente única e inequívoca sobre la que pontifican los dueños de la verdad). Así de serio me parece éste interesante experimento que pondrá a prueba, una vez más, nuestras verdaderas convicciones democráticas. Si lo hacemos bien y logramos ponernos mínimamente de acuerdo en las formas adecuadas, vamos a poder cosechar los frutos de una riquísima experiencia, que podría servir de base para todo nuestro sistema electoral (en el que, recuerde usted, tenemos elecciones para todo).
Si lo hacemos mal y reducimos el debate a una pulseta de poder para el copamiento de espacios o para la defensa de intereses corporativos, pues simplemente habremos perdido una gran oportunidad de ponerle nuevas reglas de juego a nuestra democracia, haciéndola más democrática.
El principio de la legislación en cuestión es por demás interesante y válido: evitar que los candidatos a jueces entren en la lógica electoralista para que el nuevo poder judicial no sea otro escenario de mercantilismo político. La Ley de Régimen Electoral, me imagino hecha a las voladas en la avalancha legislativa que la Asamblea se cargó encima, confunde propaganda con información, y aquí es donde se arma el despelote, con las justificadas susceptibilidades de quienes sospechan de una maniobra gubernamental.
Prohibir las campañas de propaganda me parece una maravilla, pero impedir que los medios difundan información, no sólo me parece mal, sino que además es imposible, sobre todo para un estado raquítico que no podría controlar ni siquiera una mínima porción de lo difundido. Prendo una velita para que prime la cordura y el sentido común, y el Tribunal Supremo Electoral consensue el reglamento con todos los actores involucrados.
Reitero, ésta experiencia pude ser muy valiosa para corregir una de las más peligrosas deformaciones de la democracia formal: el marketing político y la transformación del campo político en un ruedo financiero en el que tienen las de ganar los ricos y los poderosos. Nada puede ser más anti democrático que la práctica salvaje de las leyes del mercado en el terreno electoral. La posibilidad de poder gastar millonadas sin límites (como ocurre en EE.UU.) en una campaña política, es un principio inadmisible por sus efectos exclusivos y perversos.
Esa “libertad” pendeja y mal entendida, es la que permite a los ricachones o a los grupos de poder, comprar posibilidades electorales, torciéndole el brazo a las ideas, a la política, y a la misma historia. En el mejor de los casos, obliga a los candidatos a establecer compromisos, casi siempre al borde del dolo, con los aportantes y también explica la gravitación y la artificial “trascendencia” de empresarios que invierten su plata en política.
¿Un ejemplo? Imagine qué hubiera sido del Goni (y del país, por supuesto) si no hubiese podido invertir aquel dineral, para su forzada reelección el 2002.
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