El presidente Morales, de buenas a primeras, ha condenado a muerte al flamante Comandante General de la Policía. En el acto de posesión, lo conminó, ni más ni menos, a erradicar la corrupción de la institución en un plazo de 90 días. Me pregunto cuáles son los planes del primer mandatario, cuando, dentro de tres meses, enfrente la evidencia de que nada, o muy poco, ha cambiado en una institución que arrastra problemas estructurales de corrupción hace más de 50 años. Cuando los medios (los de izquierda y los de derecha), cumplido el plazo fatal, le recuerden al presidente y al comandante la conminación y su respectiva aceptación, me imagino que ambos se verán ante el conflicto de elegir, entre la destitución o la renuncia.
El tema éste de los plazos, recurso utilizado en nuestro medio generalmente con mucha ligereza, me recuerda un caso distinto, ocurrido cerca de aquí, en Chile, con la presidenta Michelle Bachelet. El año 2000, Ricardo Lagos fue elegido presidente de Chile, y en su primer gabinete nombro a Bachelet como su ministra de salud; durante la campaña electoral, Lagos había asumido el compromiso de acabar con las enormes colas de pacientes en los consultorios públicos, en un plazo, justamente de tres meses: ese fue el primer desafío de Bachelet en las ligas mayores de la política.
Pese al escepticismo de un plazo tan corto, la ministra implantó un sistema centralizado de asignación de consultas por teléfono, amplió los horarios de atención a casos prioritarios, y así pudo reducir las filas en un 90%. Era un éxito. Pese a ello, y en la medida en que el objetivo del 100% no se había cumplido, Bachelet honró su compromiso renunciando al cargo. La renuncia no le fue aceptada, y, por el contrario, se la ratificó asignándole la tarea de una reforma estructural del sistema de salud chileno; luego de eso, vino el ministerio de Defensa y la candidatura presidencial. Historia cortita pero ilustrativa de un plazo y un compromiso, entre dos ex presidentes que salieron de La Moneda con aprobaciones superiores al 80%.
¿Usted cree que algo parecido vaya a suceder en el caso que nos ocupa hoy? Seguramente coincidimos en que no será así, simple y llanamente porque la tarea asignada es imposible, pero además, porque el nuevo comandante ha comenzado la utilización de sus escasísimos tres meses de plazo, siéntese por favor, ¡enjuiciando a la periodista Amalia Pando! El mega caso, que fijó las prioridades del general Farfán, estaría relacionado a unos chiquillos, una pelota de fútbol, y un ciudadano que habría cometido el delito de allanamiento para recuperar el balón. El delito de Amalia Pando, monumental e inadmisible, sería el de haberle abierto el micrófono de su programa radial al ciudadano en cuestión, que denuncia un supuesto abuso de poder de parte de Farfán.
Dice el proverbio chino que un viaje de mil millas comienza con un solo paso: me imagino que cuando aparezca la pelota, y Amalia Pando esté detrás de las rejas purgando una condena de 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, todos nos sentiremos más seguros y protegidos.
Sabremos que el encargo presidencial y el compromiso del jefe de la Policía no es simple promesa, que no ha caído en saco roto, y que se ha puesto todo el tiempo, la energía y los recursos en lo importante, enjuiciar periodistas.
Dormiremos tranquilos sabiendo que la erradicación de la corrupción en la Policía ha comenzado con un primer paso, firme y decidido.
La Policía aclaró ayer que no hay tal juicio contra Amalia y tampoco contra ERBOL.
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