Más allá del escándalo (Artícilo Suplemento Ideas-Página Siete-06-03-11)

El hecho de que el ex director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELC) y actual responsable del Centro de Información y Generación de Inteligencia (CIGEIN), resultara siendo el jefe de una banda de narcotraficantes, representa un escándalo de proporciones gigantescas, cuyas implicaciones trascienden largamente lo policial y lo político. No se veían en este país escándalos de ese calibre, salpicados de narcotráfico, desde las épocas de Jaime Paz, en las que caían altos jefes policiales, la embajada americana arremetía con todas sus fuerzas, e incluso se encarcelaba a altos dirigentes políticos.

Comencemos por lo más evidente: el detenido era una alta autoridad de una repartición del ministerio de gobierno; la lectura más optimista y la mejor buena fe, como mínimo conduce a pensar que el ministro está en la luna, y no está en condiciones de garantizar los más elementales márgenes de eficiencia y competencia. Lo normal, si es que algo de normal pudiera tener esta circunstancia, es que éste hubiera renunciado inmediatamente, asumiendo la responsabilidad política de un affaire cocinado en el corazón de su ministerio. En ese caso, el presidente hubiera tenido a su vez, la potestad de aceptar, o no, la renuncia.

En la misma lógica, el presidente podía haber enviado una señal política acorde con el tamaño del problema, removiendo al ministro Llorenti, sin renuncia de por medio. Pero ocurre, como en otros casos, que el primer mandatario confirma que sus parámetros para remover a altos funcionarios, solamente responden a la posibilidad de que se les compruebe su participación en actos directos de corrupción. Curiosamente, el gobierno, en casos como éste, se ha entrampado en su propio razonamiento; si destituyen al ministro, de alguna manera lo están implicando en un acto de corrupción, de acuerdo al extraño principio de que solamente se puede echar a alguien por motivos de corrupción. En otras palabras, se han negado la opción de poder destituir a un ministro por simple incompetencia, y no por corrupción.

Otra de las aristas de este bochorno es que, como si fuera poco, no fue el propio gobierno el que pescó al traficante, sino que fue la DEA, esa misma que fue expulsada del país, acusada de estar coludida con el narcotráfico; una verdadera pesadilla para el gobierno y su política antidrogas, que no atina más que a explicar el autogol, insinuando que se trata de otra conspiración.

Lo que realmente preocupa, más allá del autogol, festejado además por la oposición como si se tratara de un gol propio, es esta sensación inquietante de no saber hasta dónde el narcotráfico y sus múltiples facetas, están permeando nuestra economía, nuestra precaria institucionalidad y nuestra sociedad. Una barbaridad como esta provoca en los ciudadanos la angustia de no poder ya distinguir con claridad quienes son delincuentes y quienes son autoridades, y amenaza con convertirse en la antesala de una situación en la que la duda y la desconfianza se apodere de nuestro entorno. Si el policía, el juez, la autoridad, pueden ser cómplices de las mafias, ¿será razonable llegar a pensar que algún banco, alguna gran empresa o el opulento vecino de la casa de al lado están también metidos en el tema?

A falta de datos y de información económica seria acerca de la verdadera incidencia del narcotráfico en la economía, la intuición y la sospecha son el reflejo natural que nos guía, cuando tratamos de encontrarle explicación a la impresionante liquidez que circula a nuestro alrededor. Cuesta por momentos creer que la política de bonos, las remesas del exterior y el contrabando, sean suficientes razones para explicar el gasto descomunal en autos de lujo y en hábitos de consumo y entretenimiento, más propios de un emirato árabe, que de un país en la periferia del tercer mundo. ¿Alcanza nuestro minúsculo aparato productivo para justificar excesos desproporcionados al tamaño de nuestra economía?

A estas dudas corrosivas, les sobreviene el terror que provoca en todos la amenaza del desembarco en nuestro país de carteles extranjeros, que han demostrado ya en sus países de origen, su pericia y sobre todo su ferocidad para ocupar nuevos territorios y mercados. Una cosa eran los conocidos narcos criollos, otra cosa las bandas brasileras o peruanas, y otra muy distinta las poderosas e inclementes corporaciones transnacionales del tráfico de drogas y del lavado de dinero. Los “gueyes” esos no se andan con chiquitas, y tienen el poder económico para comprarse a quien se ponga por delante, y si no pueden por las buenas, pues por las malas pueden llegar a ser exquisitos. ¿Un suceso tan grosero como el del general detenido, nos puede llevar a pensar que ya están operando en Bolivia ligas mayores?

Este problema, que se veía venir desde hace tiempo, se agrava con la proyección de la imagen de un gobierno, que está comenzando a perder rápidamente el control de temas cruciales. Realmente me cuesta creer que no se perciba la magnitud del riesgo que corre la figura del presidente y su legado histórico, si no se actúa en este asunto con la premura y la eficiencia necesarias. El presidente Morales ha dado muestras durante muchos años de haber trascendido ampliamente su condición de dirigente cocalero, y de haber desmentido las temerarias acusaciones que en algún momento hicieran sus detractores en cuanto a presuntos vínculos con el narcotráfico. Por eso mismo, su gobierno no se puede permitir errores en este tema.