Ciudadano orgullosamente boliviano, que dice las cosas como son y que está dispuesto a dar la cara por sus ideas. Columnista, cocinero y Tigre de corazón.
jueves, 28 de noviembre de 2013
Buscando explicaciones a lo inexplicable (Columna Bajo la Sombra del Olivo-Página Siete-28/12/13)
Ya se ha escrito hasta el cansancio acerca de los impactos que tendrá en la economía nacional y en las empresas privadas, el pago del doble aguinaldo que el presidente sacó de la chistera en un pase de magia espectacular que dejó boquiabiertos, tanto a los beneficiados como a los perjudicados.
Economistas, analistas, columnistas y especialistas de todas las especies, han derramado hasta la última gota de tinta en la predicción de los efectos perversos que ya ha comenzado a desatar la estrambótica medida. La verdad es que más allá de la descripción de las incongruencias de la decisión y de lo que va a originar, no he leído ni escuchado ninguna explicación que de algo de luces sobre la razón que hubiera motivado al gobierno a hacer algo así. Ni siquiera la oposición política ha podido tejer una explicación que tenga algo de sentido.
La iniciativa es tan desacertada desde el punto de vista económico, que todos han concluido en que la única explicación posible tendría que ver con un gesto groseramente electoralista. El problema de ésta explicación es que a mi juicio es absolutamente infundada; no creo que al aguinaldazo vaya a tener efectos electorales positivos para el partido de gobierno por la sencilla razón de que la gente no es tonta. Después de la borrachera de gasto del fin de año, todos nos vamos a dar cuenta de que el gestito fue una mamada, cuando constatemos que el chaqui se va a presentar en forma de inflación, inestabilidad laboral y en una colección de medidas restrictivas en el ámbito microeconómico.
Falta un montón de tiempo para las elecciones, y para entonces, el aguinaldazo será un horrible recuerdo que habrá beneficiado circunstancialmente a los pocos asalariados, pero que habrá golpeado por igual a todos, sin vuelta atrás.
Tampoco me convence la teoría de que el adefesio está pensado para financiar la campaña electoral del gobierno; si esa era la intención, bastaba con que se hubiera decretado el doble aguinaldo para los empleados públicos, cosa que no habría causado tanto revuelo, ni hubiera originado tanto efecto multiplicador negativo.
La falta de una explicación coherente invita también a especulaciones de todo tipo: ¿será que han hecho esto para distraer la atención y preparar otro tipo de medidas? ¿Hay pronósticos sombríos en la economía internacional que no conocemos? ¿La tiene tan complicada el gobierno en los sondeos preelectorales, como para recurrir a medidas tan extremas? Personalmente, no me compro ninguna de éstas teorías.
En suma, le medida es tan irracional y descabellada, que nadie atina a darle una explicación minimamente convincente, lo que me genera una honda preocupación. Me aterra pensar que exista la posibilidad de que el presidente haya tomado una medida impulsiva basada únicamente en el instinto, y me aterra aún más la posibilidad de que lo haya hecho de manera inconsulta, obviando la opinión de su gabinete y de su equipo económico.
La sola idea de que el presidente haya podido levantarse aún más temprano de lo habitual con una brillante idea, y que la haya podido imponer a contrapelo de su política macroeconómica sin preguntarle a nadie, es de terror. Eso querría decir que Su Excelencia está experimentando delirios de grandeza y de inefabilidad que le impiden ver la realidad, y peor aún, que en su entorno se ha instalado definitivamente el miedo y la obsecuencia. Dios quiera que la cosa no vaya por ahí.
jueves, 21 de noviembre de 2013
Una elección en la que todos perdieron (Columna Bajo la Sombra del Olivo-Página Siete-21/11/13)
Es falso aquello de que una contienda electoral arroja siempre ganadores y perdedores. A veces todos pierden, y eso es lo que ocurrió de alguna manera en las elecciones chilenas del domingo pasado.
Pese a haber ganado con un 47% de los votos y tener prácticamente asegurada su victoria en segunda vuelta, la expresidenta Bachelet y su Nueva Mayoría (el nombrecito de la coalición me trae recuerdos locales que me hacen erizar los pelos) perdieron la chance de ganar en la primera vuelta, tal como estaba cantado.
Los puntos que le faltaron para convertir en realidad los optimistas pronósticos, le bajaron la caña de entrada, obligándola a enfrentar, aunque sea por puro trámite, a una coalición oficialista envalentonada con la posibilidad de un segundo round; ganar por puntos, por muy amplio que sea el margen nunca es lo mismo que un knock out.
Con esos resultados, Bachelet también perdió la holgura necesaria en las mayorías de ambas cámaras para llevar adelante las reformas que se vio obligada a ofrecer en campaña ante la presión de la calle y de ciertas facciones de su coalición. Con la actual correlación de fuerzas y el sistema de mayorías (quórums calificados) que establece la constitución pinochetista, el tema de las reformas, meollo de la crisis institucional chilena, se le pone color hormiga.
La señora Matthei, candidata del oficialismo, pese a haber conseguido llegar a la segunda vuelta, perdió como en la guerra; una diferencia de 22 puntos con la primera mayoría es un bochorno difícil de ocultar, más aún si ésta se ve reflejada en una horrorosa e histórica disminución de parlamentarios. Perdió y, haga lo que haga, volverá a perder el 15 de diciembre, cerrando otro capítulo para la aporreada ultra derecha, que la tiene también difícil en términos de reinvención a futuro.
El tercero, Marco Enríquez-Ominami, pese a su optimismo y buena onda, también perdió; fue la gran sorpresa hace cuatro años cuando sacó el 20 por ciento y cuando no le quedaba otra que seguir subiendo, bajó a 11 puntos. Más allá del resultado, todo indica que perdió la representación de las demandas de cambio, por ahora todavía en manos de la Bachelet.
La única victoria sonada a nivel internacional, es decir el apabullante ingreso a la cámara de diputados de los cuatro dirigentes estudiantiles que hicieron temblar a Piñera (la hermosa Camila Vallejos, Karol Cariola, Giorgio Jackson y Gabriel Boric), también está en juego. Dieron el paso entre la calle y el sistema, pero en las actuales circunstancias correrán el riesgo de verse atrapados en una camisa de fuerza y diluirse en el agotado establishment político; a no ser, claro, que opten por cabalgar al mismo tiempo en el parlamento y en la articulación de movimientos sociales. Es posible, y si no, pregúntenle a Evo y compañía.
Perdieron, en suma, los principales candidatos, pero en el fondo el gran perdedor podría ser el sistema político y el modelo económico chilenos. Pese a la imagen internacional que pudieron sostener las últimas dos décadas, se ha confirmado este año que la gente de a pie en Chile está a punto de estallar y que seguirán los mismos pasos de otros países de la región, a no ser que se registren cambios profundos y reales en lo político, lo social y también en lo económico. El retorno de Bachelet y la promesa de realizar esos cambios en el marco institucional eran la última esperanza, hoy amenazada por el poder de veto del conservadurismo, lo que podría devolver las tensiones a la sociedad civil organizada, con resultados y pronósticos reservados.
miércoles, 11 de septiembre de 2013
Chile, cuarenta años despues (Columna Bajo la Sombra del Olivo-Página Siete-12/09/13)
Chile sigue sangrando cuarenta años después del golpe militar. Las heridas no han podido sanar, y esto no se debe a que los chilenos sean particularmente masoquistas, rencorosos u obsesivos. Ocurre tal cosa porque parte de la dictadura instaurada en el año 1973 sigue aún vigente, viciosamente inoculada en su modelo económico y su sistema político.
El neoliberalismo a ultranza de los Chicago Boys, implantado durante el régimen pinochestista con el entusiasmo de quien experimenta con un Conejillo de India fue, y sigue siendo, una cara de la dictadura que continuó ejerciéndose con normalidad después de la elección de Patricio Aylwin en 1990, y que tampoco fue esencialmente modificada durante los últimos veinte años.
Con el retorno a la democracia formal se reinstauraron evidentemente las libertades políticas y constitucionales más elementales, que habían sido salvajemente pisoteadas por el impresentable dictador de uniforme y voz atiplada. Pero lo que subsistió a esa transición política fue un modelo que convirtió al ciudadano en un elemento del mercado.
Pese a los intentos de cuatro sucesivos gobiernos socialdemócratas por aplacar las iniquidades de la ley de la selva, finalmente hoy en Chile el resultado es que absolutamente todo está librado a las implacables fuerzas del mercado. La salud, la educación, la seguridad social, los servicios básicos y los recursos naturales, son mercancías que los chilenos deben consumir, claro, de acuerdo a su capacidad de pago y de endeudamiento.
Tal como fue concebido, el modelo está dirigido a la maximización de utilidades del empresariado y del mundo financiero, concentrado progresivamente en un puñado de empresas y familias con un poder y una riqueza absurdas.
La constitución y sistema judicial del Chile democrático también extendieron rasgos fundamentales de la dictadura en el sistema político, que hoy se encuentran agotados en la exclusión y en las graves falencias de representación que afloran día a día.
El problema es ese. El modelo político y económico construidos en la dictadura, finalmente no funcionaron; lo que se consideraba un ejemplo a seguir a nivel regional, terminó mostrando sus límites, en unos niveles de inequidad y de atropello a la dignidad de las personas, sencillamente horrorosos.
Es por eso que hoy los chilenos, más que nunca, vuelven la mirada al golpe de 1973, para volver a escuchar la voz de Salvador Allende, el primer presidente del continente que tuvo la visión y el coraje de encarnar un gobierno socialista en democracia. Tal osadía no fue permitida por el gobierno de los Estados Unidos, que urdió tenazmente desde fuera el derrocamiento de Allende, milímetro a milímetro.
Allende sacrificó su propia vida en los momentos decisivos de la batalla, lucidamente y con la certeza de que sus ideales quedarían intactos con el paso del tiempo, y que sus traidores pagarían caro el precio de la historia.
Y así fue. Hoy, cuarenta años después, Augusto Pinochet es para el mundo y para la mayoría de los chilenos, un asesino, un ladrón, y parte de un episodio que no debe repetirse nunca más. Hoy, cuarenta años después, Chile intenta revisarse y reinventarse profundamente, en la dirección de los caminos de igualdad y libertad que abrió Salvador Allende.
Así lo dicen las voces de la calle, de los movimientos sociales, de los liderazgos emergentes, y de las grandes mayorías de ciudadanos, apaleados hasta el cansancio por las grandes corporaciones, dueñas de vidas y haciendas. Y así tendrá que comprenderlo la desgastada clase política chilena, enfrentada a una prueba de fuego.
jueves, 5 de septiembre de 2013
Todo mal (Columna Bajo la Sombra del Olivo-Página Siete-05/09/13)
Que nada funcione como debe
ser en nuestro atormentado país no es ninguna novedad para los bolivianos. Estamos
acostumbrados, y medio resignados también, a la frustración que genera el hecho
de que nuestras instituciones, después de casi doscientos años de vida
republicana, nunca hayan llegado a funcionar correctamente, y siempre hayan
estado sujetas a los vaivenes políticos e intereses económicos.
La conciencia que tenemos de
la fragilidad de nuestro estado incluso nos ha generado una suerte de complejo,
que alimentamos señalando cada vez que podemos, las virtudes de países vecinos o
del primer mundo; comparando nuestra raquítica institucionalidad con ejemplos
cercanos de seriedad, solidez y sostenibilidad; hemos encontrado un poco de
alivio en la constatación de que hay países en los que las cosas importantes
funcionan muy bien, y que esas referencias marcan un norte y un ejemplo a
seguir.
Que en nuestro senado
nacional pueda haber un senador acusado de actos de corrupción, está mal, pero
no sorprende mucho; que el poder ejecutivo aproveche esas denuncias o invente
otras, y manipule a un poder judicial sometido a sus intereses para sentarle la
mano a un senador que ha osado hacer denuncias graves en su contra, está requeté
mal, pero lamentablemente tampoco nos sorprende ya a estas alturas del partido.
Que el estado brasilero
acepte en su embajada en La Paz al senador en condición de asilado político,
luego lo saque del país en un operativo sui generis, para después, una vez el
senador en territorio brasilero, revisar y poner en duda la condición del
mismo, está recontra requetemal, y además sorprende y alarma.
Lo que en un principio me
pareció una salida medio rara, pero en el fondo pactada entre ambos gobiernos
para darle solución a un problema que se dilataba y podía tornarse
insostenible, resultó no ser así. Al parecer tampoco fue el desesperado acto
humanitario de un funcionario bajo presión. Las reacciones señalan que detrás
de todo, el incidente estuvo marcado por el descontrol, la indisciplina y la
presencia de móviles políticos poco claros; todo un escándalo que les costó la
cabeza al encargado de negocios, al embajador, y nada menos que al canciller
brasileros.
No se esperaba esto de una
cancillería que era el símbolo de la seriedad. Se suponía que Itamaraty era el
paradigma de la diplomacia profesional, y sin embargo resulta que termina
expresando nomás la complejidad de la multitudinaria coalición de gobierno y la
sórdida pugna entre adversarios políticos.
Pero el asunto no ha
terminado aún. La seguidilla de desaciertos ha permitido que el gobierno
boliviano arremeta nuevamente con fuertes presiones sobre Brasil, que parece
querer ponerle paños fríos al problema lavándose un poco las manos en la
inexplicable necesidad de ratificar el asilo al senador. Y hay que decirlo: un
retroceso brasilero en el reconocimiento de la condición de asilado político
del senador, sentaría un precedente funesto a nivel internacional, pues se
estaría vulnerando una de las instituciones sagradas del derecho político
internacional. Fue el gobierno brasilero el que aceptó la solicitud de asilo, y
eso no debería revisarse, independientemente de los entretelones políticos.
Qué sensación horrorosa de
desaliento es ésta de constatar que ya nada funciona bien, y que esto ocurre
cada vez con más frecuencia, un día con el departamento de estado
norteamericano, otro día con la poderosa e infalible CIA, otro día con los
viejos estados europeos, y así sucesivamente.
jueves, 22 de agosto de 2013
Ingenuas reflexiones sobre los límites del capitalismo (Bajo la Sombra del Olivo-Página Siete-22/08/13)
La siguiente historia de
terror ocurrida en Chile durante los últimos cinco años ilustra de gran manera
las dudas recurrentes que tengo acerca de la sostenibilidad del capitalismo y la
economía de mercado, así como los conocemos y sufrimos en gran parte del mundo.
Entre los meses de diciembre
de 2007 y marzo de 2008, las tres mayores cadenas farmacéuticas chilenas,
Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand, que juntas controlan más del noventa
por ciento del mercado, se pusieron de acuerdo para subir el precio de 222
remedios, en su mayoría destinados al tratamiento de enfermedades crónicas
(Parkinson, epilepsia, diabetes, asma y reumatismo), además de antibióticos y
anticonceptivos.
No era la primera vez que la
hacían, pero aquella vez el tema fue muy grosero con sobreprecios que
alcanzaban hasta el 3000%; el Ministerio de Salud realizó una denuncia ante la
Fiscalía Nacional Económica, que después de varios meses de investigación,
presentó un requerimiento ante el Tribunal de defensa de la Libre Competencia,
que a su vez estableció que evidentemente hubo una colusión de precios que les
significó a esas empresas ganancias extraordinarias de más de 40 millones de
dólares.
Una de las cadenas
implicadas confesó el delito y negoció una multa de un millón de dólares,
mientras que las otras dos la pelearon y terminaron pagando multas que estuvieron por debajo de la mitad de los
beneficios obtenidos. La historia de horror e impunidad es larga y penosa, y
continúa hoy con un capítulo a cargo de un juzgado chileno que, lejos de
castigar penalmente a los ejecutivos responsables del delito, no ha tenido
mejor idea que enviarlos a pasar clases de ética, lo que ha ocasionado una
nueva ola de bochorno e indignación en la sociedad chilena.
Si un zafarrancho así ocurre
en Chile, país que teóricamente destaca por su larga y madura
institucionalidad, por su desarrollado sistema de regulación y por impecable
poder judicial, imagínese lo que pasará en otros lugares.
El tema de fondo para mí es
que el sistema capitalista y de libre mercado se jode a partir del crecimiento
desmesurado de las empresas a través de las fusiones y adquisiciones. La
codicia y la angurria ilimitada de las corporaciones los convierte en monstruos
que lo devoran todo y terminan mordiéndose la cola. El tamaño que adquieren
estas empresas y las absurdas utilidades que logran obtener, les da un tal
poder que pervertir a todo el sistema.
Esas estrafalarias
utilidades pueden comprar legiones de abogados, auditores, financieros,
marketeros y cabilderos, expertos en encontrarle la vuelta a cualquier legislación
o regulación posibles, bajo la apariencia de la legalidad. Pero además, esa
plata alcanza para todo, y las gigantescas corporaciones terminan
irremediablemente cerrando el círculo de poder, intrincándose con el sistema
político, directa o indirectamente.
La cosa termina
invariablemente en abusos masivos de estas compañías en contra de la
ciudadanía, que tarde o temprano estalla, empujando el péndulo hacia el otro
lado, que puede ser la estatización o cualquier otra fórmula que los alivie de
los atropellos del coludido poder político-empresarial.
Los economistas y expertos
seguramente me tildarán de ingenuo o ignorante, pero sigo creyendo que la única
solución posible para impedir el recurrente péndulo entre los excesos
corporativos y las eclosiones sociales, pasa por impedir, local y globalmente,
el crecimiento de las empresas, poniéndoles límites sustancialmente más
restrictivos que los que las entidades regulatorias han intentado hasta ahora,
incluso en las economías más desarrolladas.
jueves, 15 de agosto de 2013
Página 666 (Columna Bajo la Sombra del Olivo-Página Siete-15/08/14)
Me estoy enterando recién de
que resulta que escribo cada semana en un periódico que había sido la principal
trinchera político partidaria de la oposición al gobierno y a las políticas del
MAS y del presidente Morales. No solamente eso. Había estado también
escribiendo en un órgano que funge como brazo internacional de la ultraderecha
chilena, y cuya razón de ser había sido la de torpedear desde dentro la
política marítima del estado boliviano.
Grata sorpresa para este
humilde servidor el sentirse militante activo de una facción radical y
extremista en guerra declarada al poder establecido y en franca actitud de
sedición y de traición a la patria. Digo sorpresa porque hasta el otro día yo
pensaba más bien que el periódico era como muy equilibrado, y como demasiado
políticamente correcto en una circunstancia histórica en la cual el poderoso
régimen despliega en plenitud su vocación hegemónica. Pensaba que la excesiva y
meticulosa observancia de los códigos de ética y de profesionalismo
periodístico, a veces no es muy compatible con el poder cuando este es
arrollador, y que a veces la imparcialidad y la objetividad pueden confundirse,
en esas circunstancias, con tibieza.
Y resulta que no había sido
así. Resulta que para el presidente, para el vicepresidente, para el gabinete
(salvo, asumo, para la ministra que hasta la semana pasada escribía
regularmente en estas mismas páginas), y para una larga colección de senadores
y diputados, Página Siete es un nido de conspiradores, y subversivos pro
chilenos; en otras palabras, la mismísima encarnación del diablo.
De verdad me cuesta
comprender el encono del gobierno con este medio, que los ha llevado a inventar
una historia de vinculación política con un partido chileno, que no resiste el
menor análisis. Si algo más bien ha caracterizado la línea editorial del
periódico, ha sido justamente le permanente defensa de las políticas del
gobierno en relación a Chile. Mala la elección del argumento de ataque, porque
para los que leen el periódico es una mentira absurda, y para los que no, el
asunto es poco creíble.
Una acusación tan tirada de
los pelos podría funcionar en determinados segmentos socioeconómicos, pero en
las clases medias y medias-altas de la ciudad de La Paz (en dónde circula y se
compra el periódico), el efecto de esta campaña de desprestigio será todo lo
contrario de lo deseado.
Al parecer las rabietas del
ejecutivo a veces se salen de control y generan reacciones totalmente
desproporcionadas; en este caso la rabieta parece obedecer a un editorial en la
cual este medio reclama mayor trasparencia en el tema de propiedad de los
medios. Se dice de forma insistente, desde todos los ámbitos posibles, que el
gobierno ha comprado, directa o indirectamente, una importante cantidad de
medios en todo el país. Lamentablemente son cosas que “se dicen y se comentan”
sin la posibilidad de corroborarlas, porque efectivamente no se explicita de
manera adecuada y públicamente, la información acerca de quiénes son los dueños
de los medios en el tapete de la sospecha.
Lo he dicho muchas veces y
me ratifico: no veo pecado alguno en el hecho de que un medio se identifique y
responda a una tendencia o a un proyecto político, mientras informe con calidad
y profesionalismo; lo único que espero y demando es que establezca su posición
de forma clara y transparente. En este caso para evitar especulaciones y
susceptibilidades, lo que hace falta es una seria investigación periodística que
dilucide el misterio de los dueños y aclare sus perfiles y nexos. Y si el
gobierno no tiene nada que temer u ocultar, debería ser el primer interesado en
colaborar con dicha investigación. Digo porque al final, igualito las cosas
terminan por saberse.
jueves, 8 de agosto de 2013
El Censo entre la mentira y la ineptitud (Columna Bajo la Sombra del Olivo-Página Siete 08/08/13
Los resultados del Censo de
Población y Vivienda del año pasado están, quiérase o no, ligados a la credibilidad
del gobierno en general y allí es donde se originan buena parte de las
susceptibilidades que ha generado la divulgación de los datos oficiales. Y por
muy duro que suene decirlo así, la verdad es que no hay otra manera de decirlo:
el gobierno nos ha acostumbrado, y, cosa más grave, creo que también se ha
acostumbrado, a mentir con cierto descaro en temas de gran importancia.
No voy a hacer un inventario
de los temas en los que le han mentido al país y a ellos mismos, porque no le
viene al caso, pero será fácil coincidir con usted en que, haciendo un mal
aprovechamiento de sus altos niveles de respaldo y legitimidad, a nuestras
principales autoridades no les ha temblado la mano ni se han puesto colorados
cuando se ha tratado de mentir, pública y oficialmente.
Lo terrible es que muchas
veces no han sido mentirijillas piadosas atribuibles al cochino ritmo de la
política del día a día, sino mentirotas en cuestiones de estado, con serias
implicaciones en el largo plazo y efectos en la vida de todos los bolivianos. En
algunos casos, ya en el primer periodo de gobierno, el mentir les funcionó
bien, y acaso a partir de aquello asumieron que podían hacerlo con mayor
frecuencia e intensidad.
Después de siete años de
gobierno, escuchar mentiras o medias verdades se ha vuelto algo natural, y
claro, eso lógicamente ha generado tremendos niveles de desconfianza cuando la
palabra del gobierno está en juego. Por eso es que el primer reflejo de propios
y extraños ante las inexactitudes del censo, ha sido pensar que se trata de una
manipulación premeditada con oscuros fines políticos.
En este caso, voy contra mi
naturaleza de pensar mal y acertar, y apuesto más bien por pensar que las
diferencias entre los datos preliminares y los datos finales se deben a
problemas de orden técnico y a la ineficiencia de quienes estuvieron a cargo
del operativo censal. Se me ocurre que para manipular los datos es necesario un
dominio meticuloso de todo el proceso, y que hay una serie de indicios que
apuntan a que le gente del INE está muy lejos de aquello.
Ya en los meses previos al
día del censo surgieron serias dudas acerca de la calidad de la actualización
cartográfica y de la adecuada capacitación de los encargados de realizar el
levantamiento de datos, personal que fue parcialmente improvisado los últimos
días. En las semanas siguientes se evidenciaron asimismo una gran cantidad de
deficiencias que sembraron un manto de dudas sobre las condiciones técnicas del
trabajo.
El escándalo actual podría
haberse evitado de no ser por la irrefrenable costumbre del presidente de
manejar datos sin el rigor necesario; no me explico hasta ahora porqué el
primer mandatario se aventuró en enero a revelar información no definitiva,
pero, eso sí, de ninguna manera me compro la historia de que lo hizo por presión
de los medios.
En todo caso, me parece que
las diferencias encontradas no deberían ser motivo de una guerra civil; seguro
que la distribución de algunas platas ha puesto en alerta a algunas regiones,
así como la cantidad de escaños departamentales en la asamblea, asunto que en
rigor de verdad, no debería quitarle el sueño a nadie, considerando la escaza
gravitación de las brigadas regionales en el escenario político. Por el
contrario, algunos datos del censo, sobre todo los referidos a la pertenencia étnica
y al tema del mestizaje, le van a causar al gobierno grandes dolores de cabeza
para seguir construyendo su discurso. ¿Por qué entonces no falsearon y
manipularon también esa información? Insisto,
creo que más mala fe, se trata de una chambonada. Otra vez.
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