Me estoy enterando recién de
que resulta que escribo cada semana en un periódico que había sido la principal
trinchera político partidaria de la oposición al gobierno y a las políticas del
MAS y del presidente Morales. No solamente eso. Había estado también
escribiendo en un órgano que funge como brazo internacional de la ultraderecha
chilena, y cuya razón de ser había sido la de torpedear desde dentro la
política marítima del estado boliviano.
Grata sorpresa para este
humilde servidor el sentirse militante activo de una facción radical y
extremista en guerra declarada al poder establecido y en franca actitud de
sedición y de traición a la patria. Digo sorpresa porque hasta el otro día yo
pensaba más bien que el periódico era como muy equilibrado, y como demasiado
políticamente correcto en una circunstancia histórica en la cual el poderoso
régimen despliega en plenitud su vocación hegemónica. Pensaba que la excesiva y
meticulosa observancia de los códigos de ética y de profesionalismo
periodístico, a veces no es muy compatible con el poder cuando este es
arrollador, y que a veces la imparcialidad y la objetividad pueden confundirse,
en esas circunstancias, con tibieza.
Y resulta que no había sido
así. Resulta que para el presidente, para el vicepresidente, para el gabinete
(salvo, asumo, para la ministra que hasta la semana pasada escribía
regularmente en estas mismas páginas), y para una larga colección de senadores
y diputados, Página Siete es un nido de conspiradores, y subversivos pro
chilenos; en otras palabras, la mismísima encarnación del diablo.
De verdad me cuesta
comprender el encono del gobierno con este medio, que los ha llevado a inventar
una historia de vinculación política con un partido chileno, que no resiste el
menor análisis. Si algo más bien ha caracterizado la línea editorial del
periódico, ha sido justamente le permanente defensa de las políticas del
gobierno en relación a Chile. Mala la elección del argumento de ataque, porque
para los que leen el periódico es una mentira absurda, y para los que no, el
asunto es poco creíble.
Una acusación tan tirada de
los pelos podría funcionar en determinados segmentos socioeconómicos, pero en
las clases medias y medias-altas de la ciudad de La Paz (en dónde circula y se
compra el periódico), el efecto de esta campaña de desprestigio será todo lo
contrario de lo deseado.
Al parecer las rabietas del
ejecutivo a veces se salen de control y generan reacciones totalmente
desproporcionadas; en este caso la rabieta parece obedecer a un editorial en la
cual este medio reclama mayor trasparencia en el tema de propiedad de los
medios. Se dice de forma insistente, desde todos los ámbitos posibles, que el
gobierno ha comprado, directa o indirectamente, una importante cantidad de
medios en todo el país. Lamentablemente son cosas que “se dicen y se comentan”
sin la posibilidad de corroborarlas, porque efectivamente no se explicita de
manera adecuada y públicamente, la información acerca de quiénes son los dueños
de los medios en el tapete de la sospecha.
Lo he dicho muchas veces y
me ratifico: no veo pecado alguno en el hecho de que un medio se identifique y
responda a una tendencia o a un proyecto político, mientras informe con calidad
y profesionalismo; lo único que espero y demando es que establezca su posición
de forma clara y transparente. En este caso para evitar especulaciones y
susceptibilidades, lo que hace falta es una seria investigación periodística que
dilucide el misterio de los dueños y aclare sus perfiles y nexos. Y si el
gobierno no tiene nada que temer u ocultar, debería ser el primer interesado en
colaborar con dicha investigación. Digo porque al final, igualito las cosas
terminan por saberse.
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