Los resultados del Censo de
Población y Vivienda del año pasado están, quiérase o no, ligados a la credibilidad
del gobierno en general y allí es donde se originan buena parte de las
susceptibilidades que ha generado la divulgación de los datos oficiales. Y por
muy duro que suene decirlo así, la verdad es que no hay otra manera de decirlo:
el gobierno nos ha acostumbrado, y, cosa más grave, creo que también se ha
acostumbrado, a mentir con cierto descaro en temas de gran importancia.
No voy a hacer un inventario
de los temas en los que le han mentido al país y a ellos mismos, porque no le
viene al caso, pero será fácil coincidir con usted en que, haciendo un mal
aprovechamiento de sus altos niveles de respaldo y legitimidad, a nuestras
principales autoridades no les ha temblado la mano ni se han puesto colorados
cuando se ha tratado de mentir, pública y oficialmente.
Lo terrible es que muchas
veces no han sido mentirijillas piadosas atribuibles al cochino ritmo de la
política del día a día, sino mentirotas en cuestiones de estado, con serias
implicaciones en el largo plazo y efectos en la vida de todos los bolivianos. En
algunos casos, ya en el primer periodo de gobierno, el mentir les funcionó
bien, y acaso a partir de aquello asumieron que podían hacerlo con mayor
frecuencia e intensidad.
Después de siete años de
gobierno, escuchar mentiras o medias verdades se ha vuelto algo natural, y
claro, eso lógicamente ha generado tremendos niveles de desconfianza cuando la
palabra del gobierno está en juego. Por eso es que el primer reflejo de propios
y extraños ante las inexactitudes del censo, ha sido pensar que se trata de una
manipulación premeditada con oscuros fines políticos.
En este caso, voy contra mi
naturaleza de pensar mal y acertar, y apuesto más bien por pensar que las
diferencias entre los datos preliminares y los datos finales se deben a
problemas de orden técnico y a la ineficiencia de quienes estuvieron a cargo
del operativo censal. Se me ocurre que para manipular los datos es necesario un
dominio meticuloso de todo el proceso, y que hay una serie de indicios que
apuntan a que le gente del INE está muy lejos de aquello.
Ya en los meses previos al
día del censo surgieron serias dudas acerca de la calidad de la actualización
cartográfica y de la adecuada capacitación de los encargados de realizar el
levantamiento de datos, personal que fue parcialmente improvisado los últimos
días. En las semanas siguientes se evidenciaron asimismo una gran cantidad de
deficiencias que sembraron un manto de dudas sobre las condiciones técnicas del
trabajo.
El escándalo actual podría
haberse evitado de no ser por la irrefrenable costumbre del presidente de
manejar datos sin el rigor necesario; no me explico hasta ahora porqué el
primer mandatario se aventuró en enero a revelar información no definitiva,
pero, eso sí, de ninguna manera me compro la historia de que lo hizo por presión
de los medios.
En todo caso, me parece que
las diferencias encontradas no deberían ser motivo de una guerra civil; seguro
que la distribución de algunas platas ha puesto en alerta a algunas regiones,
así como la cantidad de escaños departamentales en la asamblea, asunto que en
rigor de verdad, no debería quitarle el sueño a nadie, considerando la escaza
gravitación de las brigadas regionales en el escenario político. Por el
contrario, algunos datos del censo, sobre todo los referidos a la pertenencia étnica
y al tema del mestizaje, le van a causar al gobierno grandes dolores de cabeza
para seguir construyendo su discurso. ¿Por qué entonces no falsearon y
manipularon también esa información? Insisto,
creo que más mala fe, se trata de una chambonada. Otra vez.
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