No
cabe la menor duda de que la nacionalización de los hidrocarburos y el régimen
autonómico son dos ejes esenciales sobre los que ha transitado el proceso
político de las últimas décadas. Hoy, ambos temas se hallan sostenidos por una
nueva estructura legislativa/constitucional que, en teoría, debía haber
resuelto la querella política de fondo y sobre la cual debía haberse construido
el nuevo estado.
Han pasado ya varios años
desde la promulgación de las leyes y decretos que intentaron modificar el
régimen de hidrocarburos y también desde la promulgación de la Nueva
Constitución Política que le dio forma al Estado Plurinacional Autonómico, y
todavía resulta difícil leer la realidad detrás de lo meramente enunciativo y
lo discursivo.
En la nebulosa atmósfera
marcada además por una permanente coyuntura de conflictividad, altamente
distractiva, la información básica y cuantitativa puede resultar muy útil. En
ese sentido, los resultados del Balance Energético Departamental 2005-2009,
Santa Cruz, Cochabamba, La Paz – Insumos para la planificación energética
subnacional (Cedla/Plataforma Energética), sirven para refrescar la mirada
sobre las relaciones entre energía y descentralización, desde datos, tanto
reveladores como alarmantes.
La investigación es
básicamente un instrumento que refleja de manera organizada la evolución de la
producción, el comercio, la transformación y la demanda de energía, así como su
relación con la actividad económica de las regiones. Y uno de los datos
relevantes que arroja, muestra la insolvencia energética departamental; resulta
que la incapacidad de autosuficiencia de los departamentos del eje central solamente
puede ser resuelta por la provisión de gas natural y petróleo provenientes del
Chaco tarijeño y chuquisaqueño, desde donde se abastecen los gasoductos de
exportación al Brasil y a la Argentina. También se advierte que la tremenda
caída en la producción de hidrocarburos de Santa Cruz y Cochabamba no solamente
ya no logran cubrir su propia demanda, sino que hubiese afectado seriamente los
ingresos departamentales, de no ser por la subida de los precios de exportación
del gas.
La política adoptada desde
el más puro centralismo, de haber concentrado la actividad en una pequeña
región que debe atender la exportación, y con el saldo abastecer el mercado
nacional, fue parte de la apuesta neoliberal de los noventa y, curiosamente, no
ha cambiado significativamente hasta la fecha. El tema no funciona desde ambos
flancos: no contamos con una verdadera política energética nacional capaz de
superar en la práctica la herencia del modelo privatizador, y los departamentos
aún no han sido capaces de afrontar los desafíos planteados a través de las
nuevas competencias y funciones del régimen autonómico; se supone que en el
ejercicio pleno de las autonomías, éstos deberían estar planificando la gestión
política y económica de sus regiones y, específicamente, planificando sus
sistemas energéticos. Pero con una nacionalización incompleta e insuficiente, y
un desarrollo autonómico que ni siquiera da señales de despegue, los datos se
encargan de confirmar una realidad harto alejada de la estampa oficial, tanto a
nivel nacional como departamental.
Cosa parecida ocurre en el
ámbito municipal, con el agravante de que las definiciones de la gestión
pública descentralizada ni siquiera han definido con precisión el alcance de
las competencias de las alcaldías. Esto adquiere ribetes de dramatismo, si
consideramos que el consumo de energía que se da en las ciudades constituye la
mayor parte de la demanda energética nacional.
En relación a esto, la
investigación citada revela también que el consumo de energía en el sector del
transporte ha subido un 45% en los cinco años estudiados, y se ha convertido en
el principal consumo energético tanto a nivel departamental como nacional; un
tema en apariencia tan abstracto nos afecta directamente en la calidad de vida,
puesto que la regulación del transporte urbano (liberalizado al infinito) no
podrá ser racionalmente regulado mientras los gobiernos subnacionales y las
alcaldías no intervengan activamente en la planificación del sistema energético
nacional.
El estudio muestra distintas
series de información relevantes, pero tan solo los datos mencionados deberían
llamarnos la atención acerca de los vacíos y del camino errático en el que nos
encontramos todos. Digo todos pues si bien la ausencia de una política
energética que supere la renegociación de contratos con las petroleras es una
responsabilidad política del gobierno central, en este baile están también
involucrados los gobiernos departamentales y los municipios, los que deberían
estar seriamente interesados en conocer, por lo menos, dónde están parados en
términos energéticos, antes de afrontar retos mayores de desarrollo.
Si el análisis, el debate y
las propuestas de solución no se ejercen desde las regiones y municipios, podemos
esperar sentados alguna iniciativa del poder político central, y seguir dando
vueltas indefinidamente sobre los escasos avances de la nacionalización y del
proceso autonómico.
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