Hace poquito tiempo tomaba un café con una querida amiga en la ciudad de Santa Cruz; mientras yo justamente le preguntaba su opinión acerca de algunas actividades económicas que me habían generado cierta sospecha de estar ligadas al narcotráfico, a pocas cuadras la policía acribillaba a cuatro extranjeros dentro un automóvil.
Todo esto a plena luz del día en medio de la ciudad.
El incidente podría haber pasado rápidamente al olvido si no fuera porque (¡ay, otra vez las redes sociales!) un ciudadano tomó unas fotografías que mostraban cómo la misma policía había arrestado a los mismos extranjeros, subiéndolos a vehículos policiales, ¡cuatro horas antes de la fatal balacera!
Los jefes policiales responsables del operativo no pudieron ofrecer nada que se pareciera a una explicación mínimamente razonable, y se enredaron en declaraciones cantinflescas, eso sí, sin dar muestras de ninguna vergüenza.
El ministro de gobierno dijo que estaba pidiendo informes en cantidades industriales a gil y mil, pero parece que nadie le respondió, porque hasta ahora no nos ha explicado cómo pudo suceder algo así.
¿Y por qué nadie se puso ni siquiera colorado? Al parecer porque, según trascendidos de varias fuentes, se habría tratado de un volteo a una banda de narcotraficantes por un valor de siete millones de dólares, suma suficiente para quitarle la vergüenza a todos.
Seguramente y a falta de información oficial coherente, nunca sabremos la verdad acerca de lo que ocurrió en aquel oscuro incidente, pero todo indica que se trató de un hecho ligado al tráfico de drogas.
Y esto es cabalmente lo que la iglesia califica en su última Carta Pastoral como estrategia de expansión e impunidad del narcotráfico, “que penetra incluso estructuras estatales y fuerzas del orden, comprando conciencias”.
El gobierno, en un súbito ataque de amnesia de los numerosos casos de autoridades policiales y funcionarios involucrados en casos de narcotráfico, se ha hecho dar una inexplicable pataleta, acusando a la iglesia de mentirosa y conminándola a presentar pruebas en un estilacho dictatorial que pensábamos habíamos superado.
No entiendo esa sobre reacción tan agria tratándose de un tema tan sensible como universal, pero sospecho que esa susceptibilidad está relacionada a la condición sindical que Evo Morales comparte con la presidencia.
Pero pese a esa estrafalaria e impresentable dualidad de funciones, creo que el gobierno no es el único responsable del creciente tráfico y consumo de drogas en el país, y coincido con la iglesia en que la actitud de indiferencia y de conformismo, nos hace evadir nuestra propia responsabilidad frente al problema.
Iré un poco más lejos. Me animo a decir que, de alguna manera indirecta, todos hemos venido siendo un poco cómplices de que las cosas hayan llegado a este punto. Todos sabemos en el fondo que una parte de la jauja y la bonanza económica vivida, ha sido alimentada por el narco, y pese a ello, hemos sido demasiado permisivos e indulgentes.
Probablemente en La Paz no se sienta tanto, pero en ciudades como Santa Cruz, Cochabamba o El Alto, (sin hablar de ciertas poblaciones del oriente completamente tomadas por el narcotráfico) los síntomas son mucho más evidentes, y hemos hecho un poco la vista gorda desde la intuición de que, mientras la cosa siga funcionando bien y la plata siga fluyendo, vale la pena hacerse a los locos con el asunto.
El modelo reinante de consumo, materialismo y acumulación a cualquier precio, nos tiene enajenados y enceguecidos a tal grado, que no hemos sido capaces de reaccionar, desde lo personal, a un problema que nos comienza a envolver completamente, que amenaza de muerte nuestra manera de vivir como la hemos conocido hasta ahora, y que nos pasa ya una factura social astronómica.
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