El intento de enjuiciar y eventualmente encarcelar a Samuel Doria Medina por un supuesto caso de corrupción cometido hace más de dos décadas, es un nuevo abuso perpetrado por un régimen desbocado, que ha perdido la chaveta, probablemente de manera definitiva.
El caso es tan tirado de los pelos, que nadie lo entiende mucho; unos créditos otorgados por el gobierno de Estados Unidos en el año 1986 para un proyecto denominado FOCAS (Formación de Capital en Áreas Secundarias), cuya deuda comenzó a afectar a productores, y como consecuencia una negociación de condonación en 1992, cuyo requisito fue que los recursos perdonados sean destinados a una fundación sin fines de lucro, que terminó siendo FUNDA-PRO.
El presunto delito, que Doria Medina, en su calidad de ministro de Planeamiento de la época, dispuso el contrato de préstamo a la entidad privada, con una tasa de interés menor a la que pagaba el estado a sus acreedores.
Hasta donde entiendo, no acusan al hombre de haberse choreado la plata, ni de haber realizado una operación ilegal, pero observan la determinación de la tasa de interés, a partir de la cual presumen incumplimiento de deberes, contratos lesivos al estado y conducta anti económica.
Considerando que FUNDA-PRO ya devolvió la totalidad del préstamo al estado boliviano y además sigue funcionando hasta día de hoy con absoluta normalidad, no hay otra forma de calificar la figura, si no es como un absurdo.
El modus operandi del gobierno no es lo novedoso en este caso. Lo han hecho una y mil veces contra todo el que ose pensar u opinar de una manera que interfiera con sus convicciones totalitarias.
Los cuatro mandamases del entorno presidencial deciden atacar, dan la orden a los operadores políticos de la asamblea, y estos a su vez ponen a trabajar a fiscales y jueces adictos al régimen, que terminan de ejecutar los designios reales.
Las acusaciones no son de orden ideológico como ocurría en la época de los milicos, cuando se perseguía a los opositores por comunistas o “subversivos”. Ahora el estilacho es hurgar en el pasado de las personas hasta encontrar algo; y claro, el que busca, encuentra.
Lo novedoso de este caso radica más bien en la torpeza con la que buscaron la excusa para procesar al jefe de Unidad Nacional; un asunto ocurrido hace más de veinticinco años, que no resiste ningún análisis y que no parece tener ni pies ni cabeza.
Una acción de este tipo nos está mostrando a un gobierno que ha perdido los papeles, y que comienza a actuar de manera impulsiva, dando manotazos de ciego a diestra y siniestra.
Tal como lo he venido repitiendo de manera insistente, la derrota del 21F y la perspectiva de tener que abandonar el poder y responder a la historia y a la justicia por las fechorías cometidas durante tan largo tiempo, han dado lugar a un coletazo de represión y de violencia política.
Esto nos está mostrando en realidad a un régimen aterrado y despavorido, que en su declive final ha perdido incluso la “capacidad” para armar casos judiciales minimamente creíbles. Un gobierno desconectado de la realidad, que no mide ni calcula ya las consecuencias políticas de sus actos, y que agota rápidamente su credibilidad y su respeto.
Y, ojo, también nos está mostrando hasta dónde están dispuestos a ir, en su intención de ignorar la decisión de la ciudadanía en las urnas y quedarse en el poder. Nada de lo que hagan de acá en adelante deberá sorprendernos entonces.
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