En estos tiempos horribles en los que ya casi nada ha quedado fuera del control del partido de gobierno, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia ha puesto las cosas en su lugar haciendo lo correcto, y con esa señal traducida en acción concreta, ha sentado un precedente importante.
Ha decidido la APDHB retirarse oficialmente del Caso Porvenir como parte acusadora, por considerar que "se ha llegado a juicio sin haberse desarrollado previamente una objetiva investigación que dé lugar a la identificación de los verdaderos autores" y que “se agotó la sub etapa de juicio de producción de las pruebas de cargo y de descargo, sin que se hubiere logrado cumplir por parte de la acusación con la presentación de pruebas que sean útiles y conducentes a destruir el estado de inocencia de los acusados".
En otras palabras, ha dicho que el proceso ha estado plagado de irregularidades, y que esta institución no está dispuesta a seguir acompañando un juicio en el que se han vulnerado todos los derechos de los acusados, en el fallido afán de lograr una condena a como dé lugar.
Celebro esta decisión porque creo que sienta un precedente en la validez y en la fuerza institucional, frente al uso político que hace el gobierno de todo el aparato judicial. No es poca cosa que, en medio de la ruina institucional, un ente tan emblemático como la APDHB, asuma una posición tan clara y contundente en un asunto de trasfondo político tan complejo.
Uno de los problemas del Caso Porvenir es que el principal acusado, Leopoldo Fernández, es una figura también emblemática del viejo régimen político, cosa que sigue siendo una mala palabra para la mayoría de los bolivianos.
Para mucha gente que percibe que este es otro clarísimo caso de abuso judicial de parte del gobierno, no es fácil salir en defensa o hablar a favor del ex gobernador de Pando, porque esto podría ser interpretado o confundido con una posición políticamente “incorrecta”, de defensa o añoranza del pasado.
Lamentablemente esto le ha permitido al gobierno salirse con la suya y mantener este caso durante ocho años sin prueba alguna de la culpabilidad de los acusados, y le ha permitido al ministro de las hormonas amazónicas cumplir con la condena que ya le había dictado a Fernández semanas antes de los hechos del Porvenir, en la que le anunciaba que se iba a podrir con los gusanos, o algo así.
Para no ir más lejos, a mí particularmente me separa un océano de diferencias ideológicas de la posición de Leopoldo Fernández, y con los adenistas nunca me unió estrictamente nada, pero no por eso puedo dejar de coincidir con la APDHB, en que, si después de ocho años de un injusto encierro y de un juicio viciado de mil defectos no se pudo demostrar la culpabilidad, el juicio debería extinguirse.
Pero insisto en resaltar la importancia de que una institución que ha sobrevivido a la infiltración y cooptación política del poder, comience desde ahora a desmantelar las perversas tramas judiciales que el gobierno ha construido para encarcelar a los opositores.
Y lo más lindo es que en esta desigual lucha, el gobierno lleva todas las de perder en la intención de desprestigiar a la presidenta de la APDHB, pues todo el peso del poder del gobierno y del MAS quedan chiquitos frente a la trayectoria y la legitimidad de Amparo Carvajal en la defensa de los derechos humanos.
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