jueves, 4 de febrero de 2016

La vida o la muerte para los corruptos (Columna Bajo la Sombra del Olivo-Página Siete-04/02/16)

La verdad sobre el Fondo Indígena en realidad nunca se sabrá
completamente, así como nunca se supo toda la verdad acerca del real destino de
los gastos reservados. Y no se sabrá porque en ambos casos estamos hablando de
la caja negra con la que se tiene que hacer funcionar la política desde el poder,
cuando las convicciones y los ideales se han ido por el caño.
La capacidad de movilización y el mantenimiento de lealtades políticas, son dos de
muchos factores que tiene que ver con el tema pero que en realidad son solamente
síntomas de una enfermedad, grave y terminal, derivada de la acumulación y la
angurria de poder.
Veamos: cuando usted sale a la calle y ve marchas y concentraciones híper masivas
(antes eran protagonizadas por los partidos políticos, ahora por los “movimientos
sociales”), con millones de gentes provenientes de todo el país, pulcramente
uniformados y munidos del más diverso material propagandístico, pues tiene que
preguntarse de dónde sale la ponchada de plata que cuesta montar ese rollo.
Le puedo decir que no sale del bolsillo de los marchantes ni de los aportes “
voluntarios” de los empleados públicos, que nunca son suficientes para alimentar a
la voraz maquinaria política.
Las pegas en el gobierno tampoco nunca son suficientes, e inevitablemente quedan
fuera miles de compañeros o hermanos a los que se debe compensar con algo,
pues de lo contrario se corre el riesgo de que se conviertan en feroces opositores,
realmente peligrosos porque conocen las miserias internas.
Cuando los procesos políticos han perdido su mística y su esencia, mantener la
maquinaria funcionando y en relativo orden, cuesta millones, y esos millones salen
de la caja negra.
Al gobierno de Evo Morales durante los cuatro primeros años no le hizo falta una
caja negra, por dos razones: la primera porque al principio la convicción de los
gobernantes y de las bases en el proceso constituyente era legítima y por tanto habí
a menos necesidades de recompensas, y la segunda porque la plata necesaria para
lubricar ciertas operaciones políticas (lealtades militares, etc.) venían de Venezuela
por cortesía del comandante Hugo Chávez.
Una vez que esos fondos extranjeros de libre disponibilidad comenzaron a disminuir
hasta desaparecer, el gobierno tuvo que, a falta de gastos reservados, activar cajas
negras nacionales, entre ellas el Fondo Indígena.
Lo que no pensaron bien seguramente por la borrachera que causa el poder es que,
a diferencia de los gastos reservados del pasado que estaban legalmente blindados
(era la caja negra perfecta), ocultar un desfalco masivo iba a ser un poquito más
complicado.
Para comprender cuanto se les complicó y canto se les complicará en el futuro el
tema del Fondo Indígena, resulta útil la publicación de la Fundación Pazos Kanki,
que indaga incisivamente sobre el tema recopilando valiosa información de fuentes
diversas, contextualizándola en lo que han denominado un Modelo “vicioso” de
Gestión Pública.
El trabajo de Diego Ayo ayuda a entender la real magnitud del problema y como las
autoridades del gobierno, comenzando por el presidente y el vicepresidente, han ido
implicándose y complicándose en el afán de minimizar, encubrir y justificar el robo
del siglo.
El texto contribuye también a entender por qué fueron las organizaciones sociales
involucradas en los robos las que propusieron la reelección del jefazo, y por qué han
reafirmado ayer que el 21 de febrero “es la vida o la muerte”. Es cierto le es para
ellos y para todo el gobierno.

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