La coyuntura política ha estado marcada estos días por la deliberación pública de dos instituciones de marcada importancia en el acontecer nacional. Las Fuerzas Armadas y la Iglesia católica, cada una por su lado, se han expresado en voz alta, generando ecos y reacciones de diversa índole.
Históricamente, ambas instituciones han sido no solamente factores, si no actores de poder político de primera línea. Durante siglos el Papado tuvo una gravitación protagónica en Europa, ejerciendo poder político plenamente, inclusive a través de sus propios ejércitos. En tiempos más recientes, el Papa Juan Pablo II, solamente por citar un ejemplo, tuvo una participación, para muchos decisiva, en el derrumbe del bloque soviético, y por consiguiente en el cambio de los ejes geopolíticos mundiales. La actuación política directa de las Fuerzas Armadas en todo el mundo y en todas las épocas está, por supuesto, fuera de toda duda, y puede ser documentada ampliamente.
Resulta entonces, a la luz de la evidencias, un poco ocioso enfrascarse en la discusión acerca de la legalidad, la pertinencia o la conveniencia de que los curas y los militares opinen públicamente acerca de temas políticos. Al margen de haber sido actores de poder, siguen siendo importantes factores de poder político, y en esa medida es absolutamente normal que adopten posiciones concretas, ante el proceso político que estamos viviendo, y ante cualquier tema de coyuntura. No debería preocuparnos tanto el hecho de que hablen, a pesar de que en el caso de los militares existen prohibiciones constitucionales y estatutarias, y en el caso de los prelados su labor (independientemente de los reiterativos pedidos del gobierno para que se ocupen sólo de rezar) ha estado siempre más allá de la asistencia espiritual.
En vez de lanzar el grito al cielo y rasgarse las vestiduras por el hecho de que los militares se declaren antiimperialistas, socialistas y comunitarios, y por que los obispos le lancen críticas al gobierno sobre la libertad de expresión, el estado de derecho y el impacto del narcotráfico en la sociedad, creo que es mejor detenerse a mirar desde que escenarios y circunstancias se están expresando. Más allá de la formas y de su “derecho”, potestad o autoridad moral para deliberar, queda claro que ambas instituciones siguen y seguirán asumiendo posiciones políticas, claro, desde realidades y situaciones totalmente distintas.
En el caso de los religiosos, se percibe cierta dificultad del clero para encontrar su nuevo lugar y rol en un estado de cosas que, por lo menos en lo que concierne a ellos, ha cambiado sustantivamente. La nueva Constitución Política del Estado establece que somos una nación laica, y eso implica la suspensión de una serie de privilegios para la iglesia católica. Por otro lado, es evidente también que la iglesia atraviesa un delicadísimo momento a nivel internacional, que ha debilitado sus principales atributos, y que se presenta como una verdadera crisis.
Pese a ello, el duro enfrentamiento del gobierno con las sotanas es a veces difícil de comprender. Si bien la iglesia tuvo un rol reaccionario durante la Revolución del 52, en las últimas décadas se debe reconocer que su papel fue más bien progresista, a diferencia de lo demostrado en Chile y Argentina, en donde se identificaron estrechamente con los sectores más conservadores y apoyaron abiertamente a las dictaduras. La iglesia, hay que decirlo, contribuyó tanto a la recuperación de la democracia como al actual proceso constituyente, y probablemente no amerita estar señalada políticamente en la extrema derecha. Podría ser quizás la postura personal del Cardenal Terrazas (en sus polémicas y censurables apuestas por los estatutos autonómicos o por la inocencia de los hacendados esclavistas, por ejemplo) la que ha contribuido a desgastar una relación ya de por sí difícil en tiempos de cambio.
Sirve mucho en este contexto, el análisis de Gabriel Chávez en este mismo medio, que expresa su preocupación por el fin de la iglesia como árbitro de cuestiones políticas. Me permito agregar simplemente que la razón por la que la iglesia, derechos humanos y el defensor del pueblo fungieran de árbitro en tantas situaciones límite, fue porque toda la institucionalidad del viejo régimen se caía a pedazos, y había perdido toda representatividad y legitimidad. No quiere decir esto, sin embargo, que en la nueva estatalidad en construcción y en conflicto todavía, no se vaya a requerir nuevamente en el futuro del arbitrio de la iglesia en momentos de quiebre.
El reciente pronunciamiento del Alto Mando de las Fuerzas Armadas responde a circunstancias distintas; pese a que una legión de columnistas y analistas coincidieron la semana pasada en señalar el carácter prebendal de la institución, y su tendencia a guardar lealtades resultantes de incentivos presupuestales, bonos y “asistencias técnicas”, no se puede dejar de mencionar que parte de la solidez del actual régimen, se debe al apoyo comprometido e irrestricto de los uniformados en todas sus ramas.
Más allá del “buen trato” económico dispensado por el gobierno, y de un hábil manejo de ascensos, se puede pensar en varias razones que explican la afinidad mutua. La institución armada, una de las pocas sobrevivientes en el proceso de rediseño estatal, fue siempre portadora de valores fuertemente ligados al nacionalismo y, por qué no ponerlo así también, al patrioterismo. Sería razonable imaginar entonces que se encuentren más cómodos con las inclinaciones políticas del gobierno, que de paso los ha eximido del servilismo y la alienación con el estado norteamericano.
En suma, pretender que por que teóricamente estén limitados a cierta circunscripción de acción, estos factores de poder no seguirán asumiendo posiciones, es una muestra de ignorancia de la realidad.
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